En estos últimos siete días, los conflictos ambientales han tomado una dinámica sin precedentes en la República. La irrupción de la justicia, disparada involuntariamente por la decisión del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema) de acudir ante los miembros de la Corte Suprema para impedir la judicialización de los conflictos ambientales -analizado con minuciosidad en este sitio-, abre un nuevo camino hacia la forma de implementar políticas públicas en el país.
Los responsables de velar por la seguridad ambiental de los ciudadanos se han colgado un salvavidas de plomo con la ingenua presunción de que los miembros del Alto Tribunal frenarán, de algún modo, el vendaval de pleitos que se avecinan a lo largo y lo ancho de todo el territorio del país.
Pero la semana fue pródiga en demostrar lo contrario. Los miembros de la justicia y de la sociedad civil comenzaron a movilizarse con rapidez y, casualidad o no, el tintineo sancionatorio comenzó a repiquetear  en los temerosos oídos de los funcionarios.

No se amilanó el juez Federal de Quilmes, Luis Armella, quien a pocos días de conocerse el disparate del Cofema dictaminó el ordenamiento interno de la Autoridad de Cuenca del Matanza Riachuelo (ACUMAR), con pena de apercibimiento incluida –si no se cumple con lo dispuesto- para los funcionarios intervinientes, tanto del ámbito nacional, provincial, como de la ciudad de Buenos Aires.
Tampoco lo hicieron unas cuarenta organizaciones mendocinas que presentaron ante la Corte Suprema de Justicia un amparo para preservar los glaciares, al que se sumó otro de la Asociación Civil Diálogo por el Ambiente y que fue acompañado por titular de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Miguel Bonasso, y por el candidato a legislador nacional por Diálogo por la Ciudad, Aníbal Ibarra.
La apuesta en este caso es impedir que salga una ley –tras el veto impuesto por la Presidenta Cristina Fernández a la ley de protección de los glaciares- a la medida de las corporaciones mineras, como pretende el gobernador de San Juan, José Luis Gioja.
Como para advertir que no se trataba de una ráfaga veraniega, la demanda se dirigió contra el Poder Ejecutivo Nacional, al que acusan de haber vetado la ley por “tres mil millones de dólares”.
Tampoco se amilanaron en el territorio mismo donde pretende gobernar a sus anchas la Barrick Gold, donde varias organizaciones formalizaron ante la Comisión Regional de Medio Ambiente de Atacama, una solicitud para exigir un nuevo estudio de impacto ambiental para Pascua Lama.
A todos estos acontecimientos se sumó el “escándalo por el glifosato”, que descubrió una vez más el desconocimiento de los funcionarios sobre la realidad ambiental que viven y sufren los ciudadanos de a pie.
Entre peleas, idas y vueltas, informes y contrainformes, una funcionaria de la provincia de Santa Fe reconoció en declaraciones radiales que el estado santafecino no estaba en condiciones “ni técnicas, ni humanas, ni tecnológicas” para llevarle calidad a la población, y que no había estudios que avalaran su condición de perjudicial. A orillas del Río de la Plata, el ministro de Ciencia y Tecnología, Luis Barañao, recibía una lluvia de críticas por su postura ante el tema.
Como frutilla del postre, al filo de la semana se Ciudad de Buenos Aires, donde se confirmó el aumento de un 12 por ciento de la basura enterrada y la disminución de un tercio en el reciclado. La ley de Basura Cero, bien gracias.
¿Demasiados hechos para una semana?: Desde este portal de noticias pensamos que no, que todo lo contrario, que justamente lo que se está moviendo es el avispero social que reclama por un ambiente sano y que, como nunca antes, parece haber encontrado la compañía lógica y necesaria de gran parte del Poder Judicial. Lo sucedido en estas jornadas es solo la punta de un gran iceberg que va a crecer y va a arrastrar consigo a muchos más conflictos que se suceden en el país.
Pero fuera de Argentina también pasaron cosas. El camino hacia la XV Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP 15) -encuentro que deberá definir un acuerdo que prosiga al Protocolo de Kyoto- encendió la mecha para que los diferentes países esbozaran sus posturas. Entre llamados a asumir liderazgos por parte de Europa, hasta el dramático alegato del secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, respecto del aceleramiento del cambio climático, todo vuelve a pasar por el eje de lo que decidan los Estados Unidos.
Para que no queden dudas al respecto, el Presidente de Estados Unidos Barack Obama ha comenzado una política de presión hacia el Congreso de su país para que apruebe la ley que le permitia ir a Copenhague con un as bajo la manga. Para agregarle condimento al asunto, la Administración de Información Energética aseguró que si no se toman medidas restrictivas urgentes, para el 2030 aumentarán en un 40 por ciento las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero.
En definitiva, fueron siete días de gran movimiento y convulsión en lo que hace a la política ambiental, tanto nacional como internacional. Escondida entre las noticias, tuvimos el pesar de que el enigmático Demonio de Tasmania esta a punto de desaparecer. ¿No será el momento de que empiecen a figurar en las listas rojas los “demonios de la contaminación” como especies en vías de extinción?. Quizás, en el caso argentino, sea la justicia la encargada de mandarlos al diablo.