Como si se tratara de una vuelta más en torno a la historia infinita, el Amazonas vuelve a teñirse en la lucha de intereses. Hace unos días asesinaron a una pareja que luchaba contra la tala ilegal de árboles. La  pareja de campesinos había sido amenazada por sus denuncias contra los madereros que destruyen la selva y fue asesinada a tiros en el estado de Pará (norte), informaron organizaciones sociales. José Claudio Ribeiro da Silva y su esposa, María do Espíritu Santo da Silva, fueron tiroteados dentro del Proyecto Agroextractivista (Paex) Praialta-Piranheira, una reserva ambiental amazónica en la que vivían desde hacía 24 años, dedicados a la extracción artesanal de la castaña. La historia actual recuerda a la líder del partido verde Brasileño, Marina Silva que entró en la política de la mano de Chico Mendes, una de las primeras voces que se alzó para denunciar la destrucción de la  Amazonía brasileña y que fue asesinado el 22 de diciembre de 1988 en una emboscada montada por latifundistas y madereros a los que acusaba de devastar la selva.

Sin embargo durante el propio gobierno de Lula, Silva encontró en el propio gobierno limitaciones en la estrategia para la conservación del Amazonas. Incluso el actual Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, ha sido tomado por sorpresa tras la constatación, a través de satélites, de que, en los últimos meses, la selva amazónica ha sufrido un aumento de la deforestación de un 27%, en relación con el mismo periodo del año pasado, sobretodo porque en los dos últimos años se había quebrado la línea ascendente de destrucción que se había venido observando durante muchos años.

La deforestación de la selva en los últimos nueve meses ha sido de 1.848 kilómetros cuadrados. Tanto los ambientalistas como miembros del Gobierno piensan que ese aumento sorprendente pueda deberse a la posible aprobación en los próximos días del nuevo Código Forestal, que  prevé una amplia amnistía para los que, años atrás, habían destruido parte de ese santuario mundial y reserva natural del planeta, para comercializar su madera preciosa, abrir caminos para la siembra de la soja o para pastos para el ganado.

Rousseff ha convocado un gabinete de crisis y ha dado una orden tajante: sofocar inmediatamente la destrucción ilegal de la selva, para lo que ha convocado incluso al Ejército. Los ambientalistas siguen defendiendo que los gobiernos no deberían sentirse tranquilos ni satisfechos hasta que el índice de deforestación de una zona que ofrece, entre otras cosas, el 24% del agua potable del mundo, sea cero, y que no basta con que cada año "se destruya menos". Lo que el Gobierno tiene que conseguir es que se deje por completo de destruir