Lo más amable que puede decirse es que en la Argentina el ambiente está descuidado. No creo que esto sea responsabilidad original de este gobierno, porque el descuido ha sido habitual por mucho tiempo, casi desde el comienzo de nuestra historia. Lo peor del caso es que el actual descuido está generando un daño acumulado en muchos casos es irrecuperable. Esta situación se presenta en nuestro país, y en cierta medida en nuestra región, cuando en el mundo hay creciente evidencia de la necesidad de preservar los recursos naturales. El cuidado del ambiente se relaciona íntimamente con las modalidades de producción y consumo imperantes en la sociedad. Por eso todos tenemos una posibilidad de influir en esas modalidades, con ciertos hábitos simples de la vida diaria.

Sin embargo, en gran medida el daño ambiental se origina en lo que la doctrina económica llama “externalidades negativas” de la producción de bienes y el suministro de servicios. Esas externalidades se materializan en los residuos que no se procesan, y en los efluentes líquidos y las emisiones gaseosas que sin tratamiento se liberan a un medio receptor. En Río de Janeiro en 1992, los gobiernos se comprometieron a actuar de forma que esas externalidades desaparecieran incorporando el costo de su tratamiento al valor del producto final. Bien entendido, esto no significa encarecer inevitablemente el consumo. Por el contrario implica establecer e implementar políticas ambientales con los estímulos y los castigos que pueden crearse en el mercado, mediante diferenciaciones en los créditos y en los impuestos. Nada de esto pasa en la Argentina simplemente porque no tenemos política ambiental.
Formular una política ambiental requiere reunir y sistematizar información, procesarla y proponer medidas que se implementarán con la aprobación de la comunidad. Tenemos las bases para esto en nuestra Constitución, en los compromisos contraídos en convenios internacionales aprobados por el Congreso Nacional y que por ello tiene una jerarquía superior a las Constituciones Provinciales y a las leyes, y también en las leyes ambientales nacionales que se han aprobado. La reglamentación y el cumplimiento de estas normas en nuestro país son deficitarios.
Esta falencia nuestra en algunos casos produce situaciones realmente aberrantes en materia ambiental. Un ejemplo es lo que acaba de ocurrir en la Cuenca Matanza Riachuelo cuyos habitantes sufren todo tipo de dolencias causadas por la contaminación.
Para sanear la Cuenca Matanza Riachuelo el Congreso Nacional creó la Autoridad de la Cuenca (ACUMAR) que concentre las competencias de la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Esa autoridad, además, tiene un mandato muy específico impuesto por el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 8 de julio de 2008. Cuando todos, en particular la Asociación de Vecinos La Boca de la que soy miembro honorario,  esperamos que la ACUMAR mejore el Riachuelo nos enfrentamos con que ha dictado una regulación que tendrá exactamente el efecto contrario.
El 18 de mayo último la ACUMAR, con la firma de todos sus miembros, aprobó la Resolución 3/09, que establece que para el mediano y largo plazo el agua de toda la cuenca no tendrá restricciones en los contenidos de cadmio, mercurio, arsénico, plomo, cromo, nitrógeno amoniacal, nitrato ni escherichia coli, entre otras maravillas. En esas condiciones y con 2 mg. de oxígeno por litro de aguas, no habrá vida en el río, pero quizás se puedan inaugurar baños termales porque se autoriza una temperatura de hasta 35º C el 90 por ciento del tiempo. Estos niveles aprobados por ACUMAR se apartan de los estándares establecidos por la Subsecretaría de Recursos Hídricos cuyo representante en la Autoridad también suscribe la resolución. Además esos niveles son peores que los actualmente existentes en la cuenca media y alta del Matanza Riachuelo, según los informes de la misma Autoridad. Se proyectan obras con créditos internacionales para desviar al Río de la Plata líquidos cloacales crudos que hoy van al Riachuelo, pero según la Resolución 3/09 de ACUMAR este Río podrá seguir conteniendo ilimitados volúmenes de escherichia coli.
Ya es malo no tener política ambiental, pero la adopción de medidas antiambientales parece requerir una corrección.