La diferencia entre los dos países que separa la cordillera de los Andes es cada vez más notoria. No se trata ya de cuestiones de política económica o de entuertos políticos. Los chilenos, a contramano de sus vecinos argentinos, han decidido declarar al agua como “bien nacional de uso público”. Para ello, dispusieron –lo hizo en realidad la presidente Michele Bachelet-, elevar a rango constitucional el uso del recurso.

El proyecto establece facilitar el "recurso hídrico a personas que tenían dificultades" y "entrega herramientas a autoridades competentes para limitar o restringir caudales de aguas subterráneas para asegurar disponibilidad", pues la "prioridad es el consumo humano", enfatizó la mandataria.
La presidenta recordó que en 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, "se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares". Agregó que esa normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, "concentrando, según lo que ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el 90 por ciento de tales bienes en sólo tres empresas.