El gobierno de Evo Morales no dejará que Cancún pase desapercibido. A la propuesta de las organizaciones indígenas y campesinas de reconocer el status de la Madre Tierra por medio de una Ley que consagra al planeta como un ser vivo y, por lo tanto, con derechos, le suman la propuesta de reducción de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados.

Morales cree que hay que invertir las corrientes dominantes de pensamiento y adelanta que el centro de la negociación es incluir otro concepto para no  aplicar las leyes de mercado a las acciones de mitigación de los bosques. Al igual que la Ley propuesta se incluye la prohibición de actividades económicas que afecten al medio ambiente, como las realizadas en Bolivia por decenas de empresas mineras, hidrocarburíferas, forestales y otras.

El proyecto fue elaborado por las cinco confederaciones nacionales indígenas y campesinas que apoyaron a Morales para que llegara al Palacio Quemado en 2006. Fue construido en decenas de encuentros participativos de las organizaciones. Para Bolivia el nuevo mercado de carbono vinculado a los bosques es inaceptable.

El gobierno boliviano está empeñado en que se ponga en marcha en 2013 un acuerdo para dar continuidad al Protocolo de Kyoto, aprobado en 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Uno de los países más contaminadores (Estados Unidos) solo quiere reducir un tres por ciento de sus emisiones de 1990 para el año 2020, siendo que en el primer período de compromiso de Kyoto el objetivo era ya del 5,2 por ciento de reducción para el 2012.

También la posición defiende las conclusiones de la primera conferencia mundial de pueblos contra el cambio climático y los derechos de la Madre Tierra que se realizó en abril pasado en Bolivia y que apunta a reducir en un grado la temperatura global hacia 2020 y que funcione un tribunal internacional contra el cambio climático.