La Barrick Gold está furiosa con un informe de la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) sobre episodios de violencia física y sexual en la empresa. En su informe de 94 páginas, HRW describió los excesos cometidos en la mina de oro por fuerzas de seguridad de la empresa. Según Chris Albin-Lackey, investigador de la organización con sede en Londres las mujeres describieron la brutalidad a la que fueron sometidas en la mina de Barrick en Papúa Nueva Guinea.

Barrick Gold, con sede en Toronto, respondió a las acusaciones iniciando una investigación interna, que concluyó con el despido de empleados vinculados con los incidentes, así como cambios en la seguridad de la mina. Además, tres ex empleados y uno en funciones de PJV fueron detenidos tras una investigación de la policía de. Dos fueron acusados de violación y un tercero de inflingir graves daños físicos. "Barrick condenó los delitos en los términos más duros posibles y espera que todos los responsables sean juzgados de acuerdo a las leyes de Papúa Nueva Guinea", dijo la empresa en un comunicado. 

Por su parte la organización MiningWatch Canada, dedicada al control de la industria minera establece que "Desde hace años, Barrick ignora las advertencias recibidas, tanto por escrito como de forma verbal, sobre las graves violaciones a los derechos humanos vinculadas con la seguridad en la mina de Porgera", señaló la portavoz Catherine Coumans.
La compañía debe tomar ahora medidas para compensar a las víctimas y mejorar la transparencia en relación con otras cuestiones ambientales y de derechos humanos en la mina, añadió.

Las agresiones fueron perpetradas contra mujeres pobres de la zona tras encontrarlas revolviendo desperdicios de roca alrededor de la mina en busca  de restos de oro, una práctica no autorizada, pero no violenta, concluyó la investigación.  

Una mujer denunció haber sido violada por seis guardias de seguridad hasta que uno de los agresores le pateó la cara y le destrozó los dientes.
 
El informe de HRW también cuestiona las normas que regulan las operaciones de las minas del Estado canadiense en el extranjero.  
Tras el fracaso del proyecto de ley C-300, que preveía mejorar el control del gobierno sobre las compañías mineras, se renovaron los reclamos de fijar normas más estrictas.
 
"Lo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea es un ejemplo de cómo, inevitablemente, las cosas saldrán mal mientras el gobierno se niegue a desempeñar supervisar y a suministrar pautas de funcionamiento a las compañías", dijo Albin-Lackey, de HRW, a IPS. "Barrick es una compañía enorme y con mucha experiencia. Los problemas que ocurrieron en su mina de Papúa Nueva Guinea revelan que una compañía de su dimensión, experiencia y recursos no puede regularse a sí misma, lo que conlleva consecuencias para la población que vive donde tienen sus operaciones", remarcó. "Lo ocurrido
debe ser un llamado de alerta para el gobierno canadiense para que avance y termine de implementar una política para supervisar a sus empresas en el extranjeros", apuntó.