"No estoy a favor de esa enmienda. Me manifesté contra la aprobación y, obviamente respetando la posición de todos aquellos que divergen de mí, continuaré defendiendo la reforma de esa enmienda", agregó.

La presidenta aseguró que el Gobierno intentará un acuerdo en el Senado, que aún tiene que votar la iniciativa, y subrayó que por su compromiso con la preservación del medio ambiente, podrá vetarla en caso de que los senadores también la aprueben.

"Primero intentaré una solución en el Senado, pero tengo que aclarar que tengo un compromiso con Brasil y que no renunciaré a ese compromiso. Tenemos (el Ejecutivo y el Legislativo) obligaciones diferentes y prerrogativas diferentes. Yo tengo la prerrogativa del veto", aseguró.

"Si considero que alguna cosa perjudica al país, la vetaré", agregó Rousseff tras aclarar que, en caso de que la Cámara de Diputados impida un posible veto suyo, recurrirá a la Justicia.

La polémica enmienda condona las multas impuestas a los propietarios que entre 1998 y 2008 desforestaron y degradaron ilegalmente territorios protegidos.

El proyecto de Código Forestal propone reducir los bosques y las áreas protegidas para poder aumentar las tierras cultivables, razón por la cual ha sido combatido por ecologistas, científicos y por los últimos diez ministros de Medio Ambiente.

La propuesta, impulsada por la poderosa industria agropecuaria, plantea entre otros puntos polémicos que las áreas de selva protegidas en propiedades privadas en la Amazonía, que son hoy equivalentes al 80 %, se reduzcan a un 50 % del territorio.

Asimismo, propone que las zonas protegidas a la vera de los ríos, que actualmente suponen una franja de 30 metros a cada lado, pasen a ser de solamente 15 metros.

"Considero que Brasil tiene condiciones de combinar su estatus como gran potencia agrícola con la de gran potencia ambiental. Tenemos condiciones de hacer eso", afirmó Rousseff.