La legislación europea exige que las peticiones de autorización de un OGM incluyan un plan detallado que prevea un seguimiento del transgénico para poder detectar cualquier efecto indeseable sobre la salud humana o el medioambiente.

La AESA analiza cada año los resultados de las evaluaciones para los transgénicos en el mercado y presenta recomendaciones a la Comisión Europea.

Las publicadas incluyen "instrucciones más estrictas y detalladas" sobre los aspectos técnicos de los que tienen que informar los productores, y proponen la creación de centros nacionales de notificación para mejorar la recogida de datos sobre los riesgos que los organismos pueden provocar a nivel ambiental.

El documento recuerda que la vigilancia posterior a la comercialización de transgénicos implica un control "general" para cada planta autorizada en los Veintisiete y otro "específico" cuando en la evaluación inicial se identifica un "riesgo potencial" o un nivel de incertidumbre.

Asimismo, las nuevas directrices contienen ejemplos de objetivos y enfoques para vigilar los riesgos o las incertidumbres ligadas a los transgénicos.

La importancia de las directrices de la AESA radica en que esta agencia, con sede en Parma (Italia), es la encargada de emitir el dictamen científico sobre los expedientes de transgénicos, un paso previo que condiciona las propuestas de autorización por parte de las instituciones de la UE.