El grupo indio Zamin Ferrous suspendió las operaciones para explotar hierro a cielo abierto en Cerro Chato, tras la resitencia política y de grupos ambientalistas de Uruguay. El negocio preveía inversiones por US$ 3 mil millones y ventas por US$ 500 mil millones. El gerente de la minera Aratirí -filial para Uruguay del Zamin Ferrous-, Fernando Puntigliano, indicó que el proyecto, que iba a representar la mayor inversión privada de la historia de Uruguay, dejó de ser "la prioridad número uno" para la compañía. "En África aparecen 15 proyectos de hierro en los próximos años", advirtió Puntigliano.

"El proyecto no se cae, pero dejó de tener la velocidad que tenía. El dinero se destina a otros proyectos del grupo y ahora vamos a esperar a presentar todos los papeles correspondientes para seguir avanzando", afirmó Puntigliano en declaraciones radiales. La firma prevé recortar la inversión inicial que tenía planeada la empresa entre 50 y 70 por ciento.

El gerente aseguró que buscarán "mantener a los trabajadores en la medida de lo posible". El grupo tomó la decisión el fin de semana y explicó que los directivos en el exterior ya habían manifestado su descontento con el tenor político que había tomado el proyecto y con la lentitud con la éste que avanzaba.

El proyecto contemplaba la extracción de hierro en la zona conocida como Valentines ubicada en la confluencia de tres departamentos, Treinta y Tres, Florida y Durazno, en el centro-este del país. Las primeras exploraciones para determinar la potencialidad de la explotación comenzaron en 2008 en un área de 120 mil hectáreas en esa zona.

El Gobierno aún no había autorizado a la firma el inicio de explotación a cielo abierto en busca de hierro y había pedido un nuevo informe de impacto ambiental. No obstante, las actividades de Aratirí ya generaban resistencia entre los habitantes de Cerro Chato.

El proyecto incluye un mineroducto de 200 kilómetros hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa. Estos otros dos proyectos fueron cuestionados por los ecologistas y pobladores, preocupados por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y sobre la zona costera, básicamente dedicada al turismo.

Además de las protestas de estos grupos, legisladores de la oposición cuestionaron el proyecto por su potencial riesgo para el medio ambiente pero también porque consideran que dejaría flacas ganancias al Estado. En ese marco, el 14 de julio tres ministros fueron interpelados para responder sobre el plan.