Se inicia esta semana, la última etapa del litigo internacional, llevado a cabo entre la Argentina y Uruguay, por la construcción de una pastera contaminante, por parte de la república hermana, sobre las orillas del Río Uruguay, enfrente de Gualeguaychú.

El procedimiento indica doce audiencias que finalizan el día 2 de Octubre. Luego vendrá el tiempo de sentenciar. A pesar de la seriedad y gravedad del tema, el pueblo argentino jamás tuvo acceso al conocimiento de la demanda interpuesta por nuestro país ante las autoridades judiciales, ello a pesar de los múltiples intentos que la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas que hizo para conocer sus términos y poder opinar, y en su caso colaborar.

Sin embargo la responsable en la Argentina, la doctora Ruiz Cerutti, evitó siempre dar a conocer su contenido, adujo el carácter confidencial de acuerdo al artículo 53.2 del Reglamento ante la Corte. Si bien tenemos entendido que jamás se expidió la Corte sobre la confidencialidad de la demanda argentina, fue que de allí entendimos que la negativa a mostrar lo hecho, refleja mas que nada una política utilizada por éste Gobierno, de considerar siempre lo suyo autosuficiente.

Deseamos por desconocer, que la demanda instaurada no se haya basado solamente en el incumplimiento del Tratado de Uruguay, sino que se haya hecho hincapié seriamente en el Derecho Ambiental internacional aplicable.-  Desde allí hay mas esperanzas para llegar a un mejor final, ya que la violación del Tratado, no podrá generar el traslado de la pastera; sin embargo, las consecuencias ambientales internacionales, que emergen del Derecho Ambiental en cuanto a su destrucción como eco sistema en la zona donde se encuentra, que incluye gran parte del territorio argentino, puede dar la razón para que se ordene la parálisis de la obra inconsulta.

Esperemos que no tengamos que quedarnos con lamentos y buscando responsables dentro de quienes defienden esta difícil cuestión, por el bien del ambiente y de  nuestras generaciones futuras ya que ellos serán los únicos perjudicados en caso de fracasar en la acción judicial.