Para Héctor Colomar técnico Químico del Departamento Laboratorio del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible “de continuar volcándose el efluente de la empresa en estas condiciones, el cuerpo receptor verá altamente reducida su capacidad de autodepuración, disminuirá su calidad ambiental y se pondrá en compromiso el buen funcionamiento del ecosistema acuático involucrado”.

Así son de traxativos y concluyentes todos los informes realizados en torno a la papelera Massuh.

Pese a la clausura preventiva ordenada por el juez de La Plata, Luis Arias del fuero Contencioso Administrativo la firma que administra el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, continuaba ayer operando normalmente.

El juez Arias ordenó la clausura de manera preventiva y por tiempo indeterminado por contaminación del medioambiente. El establecimiento fue estatizado el año pasado luego que la empresa presentara la quiebra por una deuda de 250 millones de pesos.

Actualmente es administrada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno tras la creación de un fideicomiso con fondos de la ANSES, tras lo cual se pasó a llamar Papelera Quilmes.

Los vecinos Isidoro Chávez y Roberto Parra, pertenecientes a la Unión Vecinal de Quilmes, manifestaron que la fábrica debía estar cerrada por la orden emitida por el magistrado, bajo pena de aplicar una multa de 30 mil pesos diarios.
Ambos denunciaron que en los barrios linderos a la planta "hubo varias muertes, chicos y viejos enfermos, personas con problemas oncológicos, y no tenemos ayuda de nadie. Hay gente enferma que le está haciendo juicio a la empresa".

Según el intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, la clausura de la planta fabril de la ex Massuh “es apresurada”. Sin embargo la papelera tiene una larga historia en el sistemático incumplimiento de las obligaciones ambientales, que generan contaminación continua y una prolongada afectación de la salud física y psíquica de la población vecina a la planta papelera.

El pedido de clausura se solicitó en función del incumplimiento de estándares ambientales pidiéndose la clausura de la planta y un relevamiento sobre la salud de los vecinos linderos a la misma. El pedido señala que son sistemáticos los incumplimientos acreditando el impacto negativo al ambiente.
Para los vecinos los problemas no son nuevos. Para ellos los problemas son los olores que emanan de la zona de piletas y el vertido de líquidos de color rojizo sobre el arroyo Las Piedras

En este sentido citan el informe proveniente del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Héctor Colomar es técnico Químico del Departamento Laboratorio del OPDS. Como resultados de sus estudios indicó que  “de continuar volcándose el efluente de la empresa en estas condiciones, el cuerpo receptor verá altamente reducida su capacidad de autodepuración, disminuirá su calidad ambiental y se pondrá en compromiso el buen funcionamiento del ecosistema acuático involucrado”.

En este sentido entre el  2006 y 2007, fue clausurada en tres oportunidades, sin presentar mejoras a la apertura.

Arias al respecto de la medida consistente en el tratamiento de la salud psicofísica de los actores, atento a la multiplicidad de actores y la generalidad del planteo dijo  “estimo que el mismo no resulta viable en el marco del presente proceso,
debiendo solicitarse justificadamente (individualizando diagnóstico y tratamiento) en el marco de las acciones individuales.”

Sin embargo ordenó con carácter cautelar, al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires la realización de un estudio epidemiológico, de los vecinos linderos a la planta papelera Massuh S.A., que habiten en un radio de hasta 200 metros de la misma, a efectos de determinar la existencia de eventuales padecimientos de salud derivados de dicha actividad.

Además Arias libró un oficio al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y a la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias peligrosas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.  Arias explicó que la medida afectaba a toda la actividad del predio fabril porque, según dijo, la papelera "no [tenía] ningún permiso de efluentes emitido por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible".

Según trascendió, anteayer, al enterarse de la decisión judicial, el gerente general del fideicomiso y representante del Banco Nación, Fernando López, se comunicó con Arias para pedirle que no llevara a cabo la clausura. Ante la respuesta negativa, los integrantes de la dirección, tomaron la decisión de continuar operando hasta que, en una audiencia prevista para esta semana, presentaran pruebas que refutaran la denuncia radicada ante ese juez.