"Argentina presenta un cuadro que no se corresponde con la realidad". Casí como si se tratara de un cuestionamiento de tono freudiano la delegación Uruguaya al menos estuvo más suave que Mujica y  sus expresiones en el libro de entrevistas "Pepe Coloquios".

El jurista norteamericano Paul Reischler manifestó en La Haya que la imagen presentada la semana pasada por Argentina no es la realidad, "más bien se parece al surrealismo de Salvador Dalí". Uruguay presentó en noviembre de 2005 "un número considerable de documentos" antes de la construcción de la fábrica de celulosa, pese a que, recordó Reischler, la parte demandante lo niegue. A la luz de las pruebas demostradas, "yo temo que mis ilustres amigos se equivocan", dijo irónico.

La fábrica finlandesa Botnia, "es perfectamente compatible con todas las leyes para la protección del medio ambiente", manifestó el embajador de Uruguay en Estados Unidos, Carlos Gianelli. "No es cierto que Uruguay no haya consultado a Argentina" antes de la construcción de la planta de celulosa, dijo y recordó a los jueces de la Corte que el puente internacional General San Martín sigue bloqueado, "lo que constituye una pérdida de millones de dólares", al tiempo que aseguró que el gobierno del país vecino "toleró abiertamente" esta situación y "la continúa tolerando" en la actualidad.

Por su parte Alan Boyle, profesor de Leyes Internacionales de la Universidad de Edimburgo, respaldó la posición uruguaya con las conclusiones de la Comisión de Administración del Río Uruguay (CARU) y organismos externos como Ecometrix y el IFC (Corporación Financiera Internacional). Aseguró que la calidad de las aguas no se ha modificado desde la puesta en funcionamiento de Botnia.
 
Según Boyle, la concentración de fósforo y dioxinas en las aguas es inferior al autorizado, y aún así Uruguay trabaja en la reducción de estos niveles. Por el contrario, acusó a Argentina por la presencia de unas 25 fábricas instaladas en la zona que vierten elementos contaminantes al río fronterizo. Recordó además que la CARU monitorea el medio acuático, mientras que no existe una regulación para medir la contaminación atmosférica, uno de los argumentos aportados por Argentina al referirse al mal olor.