La Ciudad pagará $ 120 millones al año para enterrar en la provincia de Buenos Aires las 5.000 toneladas diarias de basura que genera y además se hará cargo íntegramente de la construcción de dos nuevos rellenos sanitarios y de dos plantas de transferencias en la provincia, cuyo costo se estima en unos $ 250 millones. Se trata de un aumento del 20% con respecto el monto que hoy paga la Ciudad, que es de aproximadamente $ 100 millones. Pero pese a la letra del acuerdo, los residuos tendrán que esperar al menos unos días ya que la Legislatura porteña no logró consensuar ayer el apoyo al acuerdo suscripto entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires de creación de dos nuevos centros de gestión integral y tratamiento de residuos en territorio bonaerense para la disposición de desechos sólidos urbanos generados en ambas jurisdicciones.

Si bien el entendimiento fue rubricado por las autoridades de las dos jurisdicciones el 15 de agosto pasado, los legisladores porteños debatieron el otorgamiento del aval al acuerdo.
La discusión se extendió por más de dos horas en la sesión ordinaria de los jueves sin llegar al consentimiento del cuerpo legislativo del acuerdo que estaba en tratamiento.
En ese marco, la sesión fue levantada por falta de quórum.
El acuerdo entre la Ciudad y la Provincia se gestó "ante la necesidad de establecer pautas y acordar las condiciones para la creación de esos dos nuevos centros a raíz del cierre próximo de los rellenos sanitarios de González Catán y Ensenada", según se desprende del texto.
Sin embargo estas localidades podría reconvertirse en las nuevas plantas de transferencia de residuos lo que despertó el rechazo de los vecinos
Las plantas de transferencia son predios donde los camiones recolectores descargan la basura, que es compactada, volcada a contenedores más grandes y luego llevada hasta los rellenos, donde se hace la disposición final.
Una de ellas será instalada en el mismo lugar donde hoy funciona el relleno de Punta Lara, que tiene orden judicial de clausura pero  sigue trabajando.  "La Suprema Corte bonaerense ordenó el cierre definitivo del basural y prohibió la instalación de un centro de transferencia", aseguró el representante de la Asamblea Vecinal Punta Lara, Javier Inchausti.
El acuerdo establece en su primer artículo "el objeto de coordinar las acciones de ambas jurisdicciones para una adecuada y sustentable disposición final de los residuos sólidos urbanos de la Ciudad y de los partidos del conurbano bonaerense en territorio de la Provincia".
Asimismo, fija que la Ciudad "se compromete a afrontar los costos que demandarán la construcción y puesta en marcha" en territorio bonaerense de "dos estaciones de transferencia de capacidad 6000 toneladas-día y dos centros de gestión integral y tratamiento de residuos con relleno sanitario, de igual capacidad y vida útil no menor a 12 años para la transferencia y disposición de los residuos sólidos urbanos generados en ambas jurisdicciones".
La Provincia, por su parte, adquiere el compromiso "a determinar la localización de los sitios para la radicación de las estaciones de transferencia y los centros de gestión integral y tratamiento de residuos con relleno sanitario, los cuales deberán ser aptos para los fines propuestos".
En tanto, el legislador Martín Hourest expresó su oposición a la suscripción del convenio mencionado al sostener que "el expediente no hace referencia alguna al costo presupuestario que la Ciudad deberá realizar para cumplir con lo convenido por las partes" y "debiera aclarar cuáles serán los sistemas y tecnologías de disposición final".