La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín anuló el sobreseimiento dictado por el Juez Dr. Bergesio que había favorecido a los directivos de Diacrom de Munro, investigados por la contaminación del suelo y el agua subterránea con cromo hexavalente por considerar que el derrame del tóxico era de vieja data y había prescripto.

Las apelaciones habían sido planteadas por la Fiscal Dra. Rita Molina y por Miguel Quintabani y Santiago Jelenic, por la querellante Asociación Civil Pro Vicente López, quienes insistían en considerar que había hechos nuevos de contaminación ocurridos entre 2004 y 2007.

La Cámara, para fundar su decisión, argumentó que las muestras tomadas acreditarían la infracción y mencionó expresamente las conclusiones de la jornada de “Debate Programático Municipal” de Vicente López, organizada en 2007 por la parte querellante, sobre la necesidad urgente de que se realicen estudios sobre el grado de contaminación del agua del río subterráneo, administrado por AYSA, que se encuentra a unos 30 metros de profundidad debajo de esa empresa de Munro, y que se realice un estudio epidemiológico entre los vecinos de la zona y los trabajadores del establecimiento para verificar si hay relación entre las enfermedades que padezcan y la presencia del cromo en el ambiente. El Juez deberá considerar esas medidas de prueba.

Por otra parte el estudio jurídico del actual secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Homero Bibiloni, aparece involucrado en la apelación –planteada a fines de agosto del 2008– de un fallo que condena a la empresa Diacrom (dedicada al cromado de metales en Carapachay) por contaminación en el agua de la zona norte del conurbano, ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. “El secretario de Ambiente no defiende a los vecinos contaminados, sino a las empresas contaminantes”, lo acusa Mariano Aguilar, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y patrocinante de la Fundación Eco Sur en la causa del agua turbia que podría afectar a más de un millón de personas en Vicente López, San Martín, San Isidro, San Fernando y Tigre.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín ordenó, el 25 de julio de 2008, que Diacrom y la Provincia de Buenos Aires realicen –en un plazo de 180 días– un plan de resanación ambiental. Esa sentencia no se cumplió.  

La Fundación Eco Sur se notificó de que Fernando Javier Cornejo, el abogado apoderado de Diacrom, “constituyendo domicilio en Plaza Olazábal 133 de La Plata estudio Bibiloni-Cornejo”.

“Es grave que el estudio de Bibiloni firme esa presentación que dilató la posibilidad de sanear el agua y evitar potenciales enfermos de cáncer”, remarca Aguilar. Bibiloni niega que Diacrom haya sido cliente de su estudio. Pero admite una esporádica intervención en la disputa entre la Fundación Eco Sur y la empresa de cromado para que se llegara a un acuerdo monitoreado por la Universidad de La Plata. El sucesor de Romina Picolotti asegura que ésa fue su única actuación en la contienda judicial por la contaminación del agua de zona norte.

Bibiloni no era funcionario del Poder Ejecutivo en el momento de esa apelación. En ese momento, se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la municipalidad de La Plata y tenía experiencia en gestión ya que entre 2003 y 2004 estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Naturales, Biodiversidad y Relaciones Institucionales de la Secretaría de Ambiente de la Nación. El caso Diacrom de Munro se desarrolla en tres niveles de investigación.

Uno Administrativo, en el cual, a raíz de las conclusiones de la mencionada jornada en 2007, la Secretaría de Política Ambiental Provincial clausuró los sectores de la fábrica que derramaban cromo, y luego en agosto de 2008 debieron cesar totalmente en la actividad de galvanoplastía.

El segundo nivel es el juicio de Amparo promovido por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, con sentencia favorable de primera y segunda instancias para que la empresa y la Provincia de Buenos Aires realicen el saneamiento del suelo y las napas contaminadas. La Provincia apeló a la Suprema Corte porque no acepta los términos de la condena para el saneamiento.

El tercer nivel es la causa penal ya mencionada cuyo objetivo es determinar la responsabilidad criminal de los directivos de Diacrom.