Se termino la paciencia. Los isleños de la primera sección del Delta que hace más de 40 años viven en el arroyo Anguilas, decidieron aplicar el derecho constitucional de Resistencia a la Opresión. Es, ni más ni menos, que responder golpe a golpe los atropellos que vienen recibiendo de la empresa Colony Park. Este mega emprendimiento privado que con la complicidad política y judicial les quiere arrebatar sus hogares y destruir su hábitat. Para interiorizarse más de la situación, Medio y Medio entrevistó a Enrique Ferreccio, abogado denunciante y querellante en la causa que se le inició a esa empresa.

¿Es cierto que aplicarán el derecho de resistencia a la opresión?

Así es. La Resistencia a la Opresión es un derecho constitucional, es un recurso legal.

Se reacciona en forma proporcional al daño que se causa. En los años 70 la dictadura de Videla hizo desaparecer personas bajo la excusa del “no está, no existe, se fue, desapareció”. Acá están haciendo lo mismo con los isleños, desconociendo el derecho de posesión que tienen por vivir en el lugar hace más de 40 años. Están cometiendo un delito federal.

¿Qué reacción tiene la justicia ante esto?

Recién venimos del Juzgado federal Número 1, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Delgado, que está trabajando muy bien. No puedo decir lo mismo del Fiscal de la fiscalía número 2 de San Isidro, Sebastián Lorenzo Baso, quien se declaró incompetente. La jueza le dijo que no podía. El tema llegó a la Fiscalía Federal, que le dio la razón al fiscal, pero finalmente, la Corte Suprema de Justicia volvió a decirle al fiscal que debía investigar.

¿Qué pasó con el Fiscal?

Que no pasó. Recién el 30 del mes pasado fue con la Prefectura a las islas. El 25 había hecho una inspección ordenada por la jueza. Yo fui con él. Nos subimos a un helicóptero de esos que se usan en el sur, de gran porte. La máquina pasó alto y rápido por el lugar por lo que el fiscal dijo que no pudo ver nada.

Después fuimos con un gomón, pero como nos dijeron que el río estaba muy alto, no se pudo entrar. Voy a recusar al fiscal. Técnicamente tengo que pedir que no actúe más el fiscal y lo retome la jueza.

El secretario del fiscal dijo que todo es lento porque tiene que ver toda la documentación. ¡De que documentación habla si los isleños tienen el derecho de posesión!?.

Que no lleva papeles…

Acá lo único que tienen es la posesión que le da derecho. Lo prueban con sus casitas, con sus plantaciones de sauce álamos de hace más de 20 años, con las canchas de juncos, con su nombre. Cada casita tiene su nombre.

Colony Park les está arrasando la vivienda y su arboleda en connivencia con el estado municipal, provincial y nacional, además de la justicia.

¿El gobierno municipal no actúa?

El gobierno quiere hacer del Tigre un Miami. Las 300 y pico de hectáreas las compró la empresa a 30 mil pesos y venden cada parcela (de las 200 totales) a más de 200 mil dólares.

El intendente (Sergio) Massa está avasallando todo, está arrasando a los isleños.

Hay un montón de emprendimientos de este tipo. Los isleños formaron una asamblea para defender el Delta como una propiedad comunitaria.

¿Y la prefectura?

La prefectura es también cómplice. Está amedrentando a los isleños. Hay un estado y un ejército contra una población. Por eso vamos a aplicar el derecho de resistencia a la opresión.

¿Por qué se interesó por este caso?

Yo empecé esto en una denuncia contra Campo de Mayo donde está el Ceamse  que tira todo el veneno para el Tigre. Fui amenazado de muerte por el ejército. El ejército tira 300 camiones atmosféricos diarios al  río Reconquista. La población está indefensa