En Chile el agua está en el centro de las disputas.  La existencia de una escandalosa lista de derechos de aguas concedidos a privados en parques nacionales y áreas silvestres, fue denunciada el jueves pasado por el diputado Enrique Accorsi miembro de la Comisión de Recursos Naturales. El diputado sostuvo que “estas personas que piden derechos de aguas se apoderan y luego los utilizan como patrimonio y las venden, tal como las grandes empresas como Endesa, donde se les entregaron los derechos de aguas cuando fueron confiscadas por el gobierno militar”.

El diputado informó que la Comisión de Recursos Naturales informó a la presidenta Michelle Bachelet, para que los derechos de agua que están pendientes sigan en esa condición mientras se modifique la normativa.
Accorsi indicó que los privados que piden derechos de agua se están aprovechando de ello, usando el vital elemento como parte de su patrimonio, iniciando procesos de venta de algo que le pertenece a todos los chilenos.

“Esta es una vergüenza nacional, el agua es un bien de uso público, o sea para todos los chilenos”, sostuvo el legislador.

Rodrigo Weisner, es el director general de Aguas y estuvo involucrado en otros casos resonantes como Pascua Lama.  
El agua no solo es fundamental para la supervivencia humana, también es clave para la competitividad de un país. En Chile es vital para el sector minero, para la generación de energía hidroeléctrica y para la agroindustria de exportación.

Todos necesitan derechos del agua, pero el problema es que no todos pueden tenerla.
Hasta 1981 la legislación en torno a los derechos del agua, otorgaba a los solicitantes merced provisoria que en un año se convertía en definitiva.
Después el sistema cambio totalmente. Se creo el Código de Aguas que estableció que los interesados no requieren justificar el caudal solicitado, que los derechos son perpetuos y que no tienen obligación de usarlos.

Aprovechando la lógica, muchas empresas solicitaron derechos de agua que no necesariamente usarían de inmediato. Eso ha significado una traba, porque quienes necesitan derechos se topan con que no pueden obtenerlos porque ya están pedidos, aunque no se estén usando.
Para tratar de solucionar dicha situación, el 2001 se estableció la imposición de una patente cuyo valor se iría incrementando a quienes tuvieran derechos inutilizados. Sin embargo pareciera que el reajuste no tuvo el impacto esperado. A las empresas les sigue conviniendo pagar el valor de la patente

Sin embargo la precariedad del sistema hace que aún no exista un registro formal de la DGA. Se estima que en Chile una tercera parte de permisos concedediso no se usan.