| Programa de Reconversión Industrial: Alguien miente o nadie controla. |
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| Escrito por Redacción |
| Viernes, 30 de Octubre de 2009 11:00 |
 ¿Tucumán o la isla de la fantasía?. Mientras el gobierno y las empresas del Jardín de la República juran y perjuran que el Programa de Reconversión Industrial (PRI) es un éxito rotundo, los jueces expresan –en sus fallos- lo contrario. Los números no concuerdan. Si no, resulta incomprensible que mientras los papeles indican que el ingenio y destilería La Trinidad invirtió 5.290.000 pesos para el control de la contaminación, el juez Marcelo Racedo, del Juzgado Número 2 de Tucumán, le haya ordenado a ese mismo ingenio a llevar adelante “de modo inmediato” un plan de prevención y reconversión del medio ambiente. Entonces, ¿fue cierta esa inversión?. Las dudas no se disipan. De acuerdo al PRI, el ingenio cuestionado por la justicia invirtió 531.000 pesos para el control de líquidos; 102.000 pesos para sólidos; y 4.657.000 pesos para gases. Si fuesen solo números…pero supuestamente, detrás de esto, hay un sesudo seguimiento y monitoreo constante. De acuerdo a la información oficial de la autoridad ambiental tucumana, se hicieron informes bimestrales por controles realizados por inspectores del PRI (si es la misma cantidad de inspectores con que cuenta la ACUMAR, se puede intuir un escaso trabajo de campo). Los controles implicaron el seguimiento del programa por parte de entidades provinciales que colaboran con el PRI como la Dirección de Fiscalización Ambiental que analiza los puntos de vuelco de las empresas y Recursos Hídricos que toma un muestreo de ríos que aportan a la Cuenca Salí-Dulce. Por su parte, el jefe de distrito de ese organismo, actúa en el control de la red provincial de riego e impacto ambiental de cada una de las empresas. De acuerdo a un informe sobre el período que va de octubre de 2007 a septiembre de 2009, se lograron los exitosos resultados debido a “un conocimiento profundo de la problemática ambiental de las industrias”; a una “relación de confianza entre las empresas y el PRI”; y un “criterio para fijar objetivos factibles”. Algo anda mal. Los vecinos no concuerdan con estos parámetros y la justicia tampoco. El caso Trinidad es paradigmático, pero no es el único. Al acuerdo marco firmado el 22 de mayo de 2007 adhirieron 15 ingenios y 7 citrícolas. En la firma figuran la Nación, las provincias y las empresas. En tanto, para la fiscalización técnica participaron técnicos del PRI, la Dirección de Recursos Hídricos; Fiscalización Sanitaria (SIPROSA); la Secretaría de Ambiente de la Nación y Técnicos del PRI. Muchos responsables. Un fraude hasta en sus metas principales: adecuación progresiva de los efluentes a la normativa vigente (según la opinión oficial, esto vale tanto como la “confianza” que se genere entre las empresas y el PRI); la incorporación de tratamiento de efluentes; la optimización del uso del agua; la implementación de planes eficiencia energética; y el tratamiento de efluentes. Parece que el Juez no opina lo mismo. |
