| Riachuelo: Mano dura, a la fuerza |
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| Escrito por Redacción |
| Jueves, 12 de Noviembre de 2009 15:35 |
![]() La Cuenca Matanza-Riachuelo es un micromundo que cada vez más refleja al país todo. Conflicto social, contaminación, anarquía, fragmentación. Un combo explosivo. En estas épocas donde un gran porcentaje de la población pretende volver a un orden de autoridad frente a la inseguridad y el desmadre, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, parece haber entendido que era hora de poner coto a una situación desbordante. En tal sentido, fijó un plazo de diez días para que el Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), presenten una planificación sobre cómo será la intervención de la Policía Federal Argentina, Policía de la Provincia de Buenos Aires, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional, todo bajo apercibimiento de sancionar con multas a los funcionarios responsables. Los palos están por llegar. ¿De que otra manera, si no, pueden despejarse esos metros necesarios para hacer el camino de sirga? Habrá que quitar mucha gente que vive en condiciones lamentables y muchos que son botín de los punteros políticos. Habrá que esperar también la reacción de los movimientos sociales y los partidos de izquierda siempre atentos a estas situaciones conflictivas. El ambiente ya no importa en esta ecuación. El mismo día que Armella tomó esta decisión, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reforzó las espaldas del magistrado. Ante el cúmulo de intervenciones presentes y posibles de diversos tribunales, la Corte se pronunció a favor de que el Juez sea el único con competencia para intervenir cuando se trate de “un bien jurídico ambiental comprometido colectivo, supraindividual, indivisible, impersonal y no fraccionable en cuotas adjudicables a cada uno de sus titulares.”. En cambio, cuando se trate de la tutela de derechos individuales, “está inequívocamente ex¬cluida de la competencia atribuida al Juzgado Federal de Quilmes, más allá de que este Tribunal, de concurrir circuns¬tancias que lo justifiquen, lleve a cabo en la oportunidad que juzgue apropiada una nueva consideración del punto que, al amparo de principios y reglas aceptados en sus pronuncia¬mientos, favorezca la más ordenada tramitación de las causas resarcitorias promovidas a raíz de la contaminación ambiental existente en esta cuenca hídrica”. Difícil estar en los zapatos del Juez. Una vez desatados los frágiles hilos que sostienen la paz social, es difícil volverlos a poner en su lugar. Las causas ambientales en el país están llevando a esta situación que no es más que un reflejo de la crisis y la fragmentación social que avanza a pasos agigantados. Los palos ya han empezado a aparecer, primero con timidez, y luego con fuerza. En los pueblos alejados de las provincias, donde las empresas han montado un estado paralelo y los medios holgazanean en poner el foco, los activistas y la gente común sufre esta nueva realidad. La mineras, por caso, ya han actuado de esa forma en complicidad con la justicia y la política. Es cada vez más frecuente el arresto de activistas ambientales por la fuerza, literalmente. En la misma capital de la República, los palos cayeron sobre las cabezas de gente que protestaba pacíficamente en Plaza de Mayo. En la Panamericana, a escasos metros de la entrada a la ciudad por la zona norte, camiones hidrantes desbloquearon el piquete que realizaban obreros de Atucha. Ante este panorama de incertidumbre, el juez Armella decidió lo que decidió. Puede ser una bomba de tiempo complicada de desactivar y cuya onda expansiva es difícil de cuantificar. Así como en un momento fue la “Hora de la Espada” –que tantos sufrimientos le valieron al pueblo argentino-, parece que llegó el tiempo de la “Hora de los Palos”. |




