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Escrito por Redacción
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Jueves, 12 de Noviembre de 2009 15:55 |
El plan de saneamiento del Riachuelo comienza a mostrar que para su cumplimiento es necesario intervenir sobre cuestiones sensibles. La versión naif con la que regularmente las organizaciones del tercer sector ambiental argumentan está colapsada por este escenario que regularmente los descoloca acostumbrados a la perorata de escritorio. Ni aunque Maria Julia -si lo conservara- ofreciera su ex petit hotel y pretendiera alojar a los habitantes de la cuenca, la disponibilidad no alcanzaría para dar solución habitacional . Casi como una paradoja el mismo día del remate del emblemático y suntuario hotel, el juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de la ejecución de la sentencia del máximo tribunal, intimó al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a que "tomen las medidas necesarias" de manera inmediata para cumplir con el fallo. Armella pidió la intervención de todas las fuerzas de seguridad para garantizar el efectivo cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo, y fijó como plazo 10 días.
De no cumplirse los funcionarios podrían ser multados por no cumplir con lo exigido por el magistrado. Las fuerzas de seguridad tendrán como misión acompañar el proceso de liberación del camino de sirga consistente en 35 metros libres que deben existir entre el río y el terreno urbanizado. El tema es que allí viven miles de personas en las condiciones más precarias que uno pueda imaginar. Consultada la colega del diario La Nación, Laura Rocha, acerca del párrafo “En las ONG que conforman el Cuerpo Colegiado junto con el defensor del pueblo de la Nación fueron cautelosos frente a la nueva medida dictada por la Justicia y sostuvieron que están analizando el tema”, se desprenden algunas conclusiones. Un miembro reconocido por seguir la causa para una organización que conforma el Cuerpo Colegiado dijo en “off” algo que marca el espíritu de casi todas: “no nos metamos en quibombo”. Hasta este momento ninguna de las organizaciones que conforman el Cuerpo Colegiado (Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Greenpeace y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos.) dijeron nada. Tampoco Defensor del Pueblo de la Nación que camina por la cuerda floja a veinte metros de altura y que supo colocar una gacetilla de prensa gemela a la de Acumar. La única excepción fue la de Alfredo Alberti de la Asociación Vecinos de la Boca que explicó "Con la ley adelante, el Estado tiene que estar presente. Sacar a la gente de ahí es quitarlos de la contaminación. Lo que viven hoy es abandono de persona. Hay que hacer un camino de sirga, hay que reubicarlos y que puedan vivir en un lugar mejor". Alberti explica sus dichos en una sola razón vive allí y padece, mientras las demás no. La cuestión es que mientras las cosas se tratan de discurso y de afianzar en la inacción del estado todo es el juego que conocemos. Se puede desplegar un papel higiénico gigante, salir con barquitos y poner globitos, traer el buque insignia y hacer una fiesta para periodistas y discursear acerca del plexo normativo. Pero la vida real es otra cosa y nada se hace sin meter las manos en la masa. Después de todos los pajaritos defecan también sobre la gente.
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