“En definitiva, lo que el suscripto exige no es más ni menos que el cumplimiento acabado y concreto de las funciones que, dentro de sus órbitas de competencia, por imperio de la ley les han sido impuestas a las autoridades gubernamentales intevinientes -Estado Nacional, Provincia de uenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Municipios-, y a las que eben el compromiso y los esfuerzos necesarios para su concreta efectivización, en virtud del mandato que los ciudadanos les han confiado”.

Estas líneas de Armella explica la trama sencilla con la que se describe lo que Acumar no hace. Bajo la trama de la cuenca se desprenden caminos diferentes uno la de la ley y el otro la ficción en el que gravitan la idea del futuro que hoy se muestra con cierta vitalidad. Nunca antes nadie de Armella puso al desnudo la idea del futuro con la desesperanza colosal por intentar restituir un orden en el complejo mundo de una cuenca.

El juez ha desatado y explora la cautivante relación entre los organismos del estado y principalmente el de Acumar. Pero también la particular relación con la inevitable reciprocidad de los actores que no deja de incluir un horizonte ampliado a las organizaciones del Cuerpo Colegiado. Armella le pide al Acumar que sea lo que dio lugar a su existencia en el dominio de todas sus fuerzas. Paradójicamente es el juez el que las reúne.

El Riachuelo termina exponiendo el sentido de una institucionalidad que merece ser atendida. El juez federal de Quilmes, Luis Armella, a cargo de la ejecución de la sentencia del máximo tribunal, intimó al Ministerio de Justicia de la Nación, al Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) a que "tomen las medidas necesarias" de manera inmediata para cumplir con el fallo. Armella pidió la intervención de todas las fuerzas de seguridad para garantizar el efectivo cumplimiento del saneamiento de la cuenca Matanza Riachuelo.

A su vez el alcance es para los intendentes de las ciudades de Almirante Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Morón, Presidente Perón y San Vicente.

Armella como si fuera un novelista acabado expone el vínculo frágil entre la táctica y la estrategia, y la lógica de los tiempos y los actos. Sabe que sus mandas van produciendo un crecimiento de la tensión y aún no ha llegado al conflicto. Pero lo cuenta, lo anuncia, lo muestra y hace ingresar a los actores.
Acostumbrados a que en ambiente solo se proclama y se historiariza, la crisis inexorable, lleva, una y otra vez, el conflicto al punto de exponer el resquebrajamiento con el que la cuenca se lleva funcionarios y dinero a lo largo del tiempo.

Pero su apuesta dice también de una escena del crimen ambiental y social, y apuesta a las salidas y cambios necesarios. Pero también hace foco en las obras que han comenzado ha realizarse respecto al “Plan de Obra ACUBA”, el “Saneamiento de Basurales” y la “Limpieza de márgenes del río”, que dieran motivo a la multa que recaería sobre el actual secretario de ambiente de la nación Homero Bibiloni y que fueron levantadas por el mismo juez. Para Armella las zonas en cuestión son socialmente conflictivas, intrusadas públicas y privadas, y hay asentamientos precarios. A su vez menciona antecedentes de intrusiones y conflictos de hecho.

Del mismo modo el juez dice de la prevención y la protección de las áreas recuperadas y que dichas medidas “deberán ampliarse para la ejecución de todos los objetivos a cumplirse, toda vez que resulta necesario el apoyo logístico y de prevención que esos organismos de seguridad deben brindarle a la sociedad toda”.
También menciona “el control industrial de los establecimientos existentes en la cuenca hídrica, la recuperación y mantención de los espacios públicos y privados, las medidas restrictivas al dominio para la efectivización del camino de sirga, el impedimento de vuelcos clandestinos y el secuestro de vehículos que desarrollen tal accionar, el decomiso de sustancias contaminantes indebidamente manipuladas en el radio de la cuenca, y en definitiva, ejecutar toda actividad de control”

Armella quiere que la Acumar responda a las mandas y Acumar pone el tablero al revés. Escudado en que no se trata de problemas ambientales el juez recuerda que la resolución de la comisión de delitos también es asunto del organismo. El juez le pide a la Acumar “proveer en forma exclusiva a éste Juzgado una comisión operativa especial de las fuerzas de seguridad, con asiento en la cuenca hídrica, tanto del lado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, para la atención de las medidas urgentes que se dicten en el marco de la ejecución delegada”

Por otra parte tipifica al Polo Petroquímico Dock Sud y el asentamiento
conocido como “Villa Inflamable”. Acumar dice que allí viven más de tres mil personas bajo las chimeneas de plantas petroleras y depósitos químicos, entre basura, fango y cursos de agua pestilentes.

La forma tiene un lugar destacado, después de todo la cuenca consciente que presenta el juez es en definitiva la suma del olvido.