La semana que se va PDF Imprimir E-mail
Escrito por Redacción   
Domingo, 15 de Noviembre de 2009 10:41

 
 
El agua es el tema. La que se derrocha, se contamina y escasea. Es la fiesta del agua de las mineras, la enfermedad y el sufrimiento de los habitantes de la Cuenca Matanza-Riachuelo y la imagen de Carmen de Patagones y la Argentina que se seca. Tres fotogramas de una misma secuencia. La radiografía de un país que parece no verse, pero solo parece. El que lo esta viendo con cierta frecuencia, es la justicia. Por lo menos la grande, la de la Corte Suprema, y uno de sus instrumentos, la justicia federal.  El Alto Tribunal dejó bien claras las cosas al comienzo de la semana al declarar que el único que tiene competencia para intervenir –siempre en el caso de la Cuenca Matanza-Riachuelo- cuando se trate de un bien jurídico colectivo, es el Juez de Quilmes, Luis Armella. El magistrado emitió, ese mismo día, una nueva intimación, esta vez, para que se despeje el sitio por donde debe pasar el camino de sirga, lindante con la Feria de La Salada. Para ello dispuso que en diez días, los organismos responsables se ocupen de otorgar la presencia de fuerzas de seguridad para poder llevar adelante la sensible tarea de sacar a la gente. Una decisión difícil en un momento delicado desde el punto de vista social. El desenlace es imprevisto. Hay palabras que no gustan, como crispación, pero está latente. Muchos intereses en juego, clientelismo, abandono en una situación desesperante y la posible intervención de otras fuerzas sociales y políticas hacen que la cautela sea buena consejera. Es muy complicado pensar estar en los zapatos de Armella.
No sorprende, eso si, el silencio absoluto de las organizaciones ecologistas, sobre todo aquellas que forman parte del Cuerpo Colegiado. Apenas pocas horas después de esa intimación, se juntaron en reunión. Ni una palabra del tema. Nada. Ni siquiera los lacrimosos comunicados. Lejos de ello, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) -que pertenece al cuerpo aunque su representante, Andrés Nápoli, no participó de la reunión con sus colegas- emitió un comunicado reclamando, una vez más, por el dinero que corresponde a la ley de bosques del presupuesto nacional. Ni media línea sobre la situación que se plantea en torno al Riachuelo tras la intimación judicial.
Al fin de cuentas, todo es una cuestión de dinero. Así lo piensan también desde lo alto rogando que de una vez por todo el bendito camino de sirga se haga, se coloque el caño hasta el Río de la Plata y se desembolsen los tentadores 840 millones de dólares.
A muchos kilómetros de distancia, hay un sector que pasa su momento de gloria. La minería avanza y sus defensores y beneficiados festejan. No es un festejo multitudinario porque los mojones de gente que se desespera por la falta de agua en el país no participan de esa algarabía. No lo hace físicamente, pero si espiritualmente, porque sus ríos se van para alimentar a la glotona y sedienta industria minera.
No importan los alertas de vecinos y ambientalistas de La Puna, ni las de los de Neuquén, Catamarca, Santa Cruz, Chubut y tantos otros puntos donde la minería avanza, con San Juan y el feudo de Pascua Lama a la cabeza. El agua se pierde para la agricultura y ganadería en pequeña escala y para el consumo humano, pero eso no es obstáculo para que miles de millones de litros se desvíen hacia las extractivas.
En las poblaciones, la gente se revela, alerta y hasta reacciona. La Iglesia del Chubut rechaza la minería a cielo abierto mientras el gobernador juega al mimetismo y el doble discurso, pero con la idea firme de permitir la extracción minera en su territorio.
Todo esto sucede en un país que se marchita. El agua y esas tres secuencias: el derroche, la contaminación y la escasez, es una fotografía que ya es pública. La sociedad está muy sensible, máxime cuando se trata de derechos fundamentales y elementales. Aunque no guste, si hay crispación.
Palabras clave:  agua - riachuelo - justicia - mineria - bosques
 

Noticias más leidas

Notas Relacionadas