| No es agua bajo el puente |
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| Escrito por Redacción |
| Viernes, 20 de Noviembre de 2009 10:19 |
 En septiembre del 2003, el entonces presidente Kirchner, el gobernador Solá y el intendente Alvarez de Avellaneda firmaron una carta de intención para erradicar el Polo Petroquímico. Dijeron que era un primer paso. Tres años pasaron desde esa fecha para que comenzara la idea concreta de sacar a las empresas del Polo Petroquímico. El mismo está ubicado en Dock Sud en la desembocadura del Riachuelo y allí trabajan más de 40 empresas altamente cuestionadas por el desempeño ambiental. En ese entonces el Comité de Gestión Ambiental del Polo (integrado por Nación, Provincia y Avellaneda desde 2003) determinó que 12 firmas deberían trasladarse inmediatamente. Las empresas en cuestión eran Indupa, Orvol, Materia, Tagsa, Pamsa, Sea Tank, Tenanco, Dow Chemical, Union Carbide y Petro Río .Lo cierto es que además del traslado luego continuaría el difícil camino de la remediación y de los costos que implican la misma. En Julio de 2006 el intendente de Avellaneda, Baldomero Alvarez, y ex la ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi, anunciaban que firmarían un acuerdo. La misma se postergó tres veces en apenas 10 días. Uno de los puntos claves era la definición de donde se localizarían por la necesidad de contar con un puerto apto para las actividades de las mismas. El tema es que pese a que las empresas presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sus estudios de impacto ambiental, individualmente podían funcionar pero no en relación de proximidad de unas y otras. Lo cierto es que varios estudios alertaban de la incompatibilidad entre los productos químicos de las distintas empresas que no pueden estar en el mismo lugar, más allá del volumen por generar riesgo cierto. También por ese entonces la ex secretaria de Política Ambiental bonaerense Silvia Suárez Arocena, declaraba que no le renovarían los permisos necesarios para operar, pero hacia la excepción para las empresas de hidrocarburos: Shell, Repsol-YPF, Petrobrás y otras. En octubre de 2006 las empresas más cuestionadas –las mismas que cita Armella-, comenzaron a resistir la medida. Orvol SA por medio de un directivo de la firma aseguraba que mudarse era inaceptable y ataba los servicios de almacenamiento que presta la empresa al cierre de otras. Por su parte Odfjell Terminals Tagsa SA determinaba no estar en contra del saneamiento del Riachuelo, pero declaraba “no queremos ser el pato de la boda”. Por otra parte ambas firmas estaban en deuda con el estado provincial. Lo cierto es que hoy ambas empresas están mirando con un ojo el reloj de arena y con otro a la Fiscalía. La suerte de ambas puede ser diferente. Un ex funcionario de Avellaneda le dijo a MedioyMedio “Tagsa tiene donde ir, Orvol no tiene plan B. Hoy el Juzgado Federal de Quilmes ordenó a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires que informe, en un plazo de diez días, las tareas que lleva adelante a los fines de recuperar propiedades usurpadas o que tengan permisos vencidos ubicados en la cuenca Matanza Riachuelo. El juez Luis Armella quiere saber que sucedió en el marco de la causa donde se ordena el desalojo de predios que ocupan las empresas Odfjell Terminals Tagsa SA y Orvol el por que no se implementó la medida. |
