| Las arroceras insisten por el arroyo Ayui |
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| Escrito por Redacción |
| Lunes, 23 de Noviembre de 2009 17:18 |
 El agua otra vez en el epicentro de la cuestión ambiental. La tupacamarización de la geografía argentina por parte de las empresas no tiene límite ni geográfico ni moral. En la provincia de Corrientes, las arroceras volvieron a poner el ojo en el arroyo Ayuí, donde quieren construir una enorme represa sepultando bajos las aguas de un lago artificial unas 8 mil hectáreas. Las informaciones indican que las empresas S.A. y Adeco Agro pretenden, de esta manera, obtener 28 mil hectáreas bajo riego. “No pueden hacerlo, y esta vez debería quedar desmantelada para siempre esta pretensión privada sobre un bien público, que es ambiental y jurídicamente inaceptable”, se quejaron desde la Fundación Iberá. No es una reflexión tirada al azar. El constitucionalista, Daniel Sabsay, explicó que “los dueños de campos privados no pueden apropiarse de un río y de sus costas, convirtiéndolos en un lago, inundando espacios que son públicos, y que están protegidos por una batería de leyes. No pueden arrogarse el uso del recurso hídrico del que depende la sustentabilidad de toda una cuenca ubicada aguas abajo, incluyendo a muchos productores que hacen un uso legítimo del mismo recurso y que se verán seriamente perjudicados por un acto unilateral que modificará el régimen de dicho recurso”. Respecto del caso específico de Ayuí, Sabsay aseguró que “no se compadece con el modelo de desarrollo sustentable, contemplado en nuestra constitución nacional, tratados internacionales de los que la Argentina es parte y por supuesto, leyes nacionales de presupuestos mínimos de protección ambiental y la legislación provincial derivada. No es aceptable semejante ataque al orden público ambiental que con tanto esmero ha definido la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Caso contrario, se sentaría un riesgoso precedente en materia jurídica y ambiental. Para las empresas, en cambio, lo único que no les permite avanzar con el proyecto es la vigencia de la Ley de Bosques, por lo que comenzaron a hacer lobby para que el gobierno correntino emita un “Decreto de Bosques Nativos” que los habilite para avanzar con su proyecto de represa. La política, siempre cómplice de este tipo de actitudes –pese a que la inmensa mayoría de los correntinos, a través de una carta abierta, se pronunciaron en contra de la represa- dictó un decreto que lleva la firma del gobernador saliente, Arturo Colombi, por el que se convocó para el próximo 4 de diciembre a una audiencia pública Sin embargo, el decreto ya está en manos de la justicia por un recurso de amparo presentado por la Fundación Iberá, y si se declara la nulidad absoluta –como se pretende- la convocada audiencia pública que tiene la intención de evitar la vía parlamentaria, será una puesta en escena bochornosa. |
