| Piden juicio contra funcionarios chaqueños y dueños de arroceras |
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| Escrito por Redacción |
| Viernes, 05 de Febrero de 2010 12:52 |
 “A por ellos”. La justicia les pisa los talones y tiene toda la intención de llevar a los estrados a los dueños de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, y a funcionarios, ex funcionarios e intendentes involucrados en la denuncia por “groseras violaciones a normativas vinculadas al medio ambiente y la salud de las personas”. Este nuevo Nüremberg ambiental está siendo fogoneado por el fiscal federal Gustavo Corregido. El funcionario judicial emitió dictamen tras siete meses de investigación en el marco de la causa “Servin Elio Osvaldo y Otros S/Denuncia” en la que vecinos de La Leonesa y las Palmas denunciaron groseras violaciones a normativas vinculadas al medio ambiente y la salud de las personas, por parte de las arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA. En tal sentido, requirió instrucción judicial imputándole delitos –además de a los dueños de las empresas-a ministros y subsecretarios de la anterior y la actual gestión de gobierno provincial, así como a los actuales intendentes de La Leonesa y las Palmas y, obviamente, al propietario de las arroceras, y le solicitó al juez de Resistencia que dicte una medida cautelar ordenando a las arroceras que se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes. El fiscal federal reclamó que se someta a proceso judicial, acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, al ex ministro de la Producción Hugo Morand y al actual ministro de Economía (que tuvo hasta el año pasado Producción a su cargo), Eduardo Aguilar; al subsecretario de Recursos Naturales de Roy Nikisch, Bruno Shwesig y al actual subsecretario de Medio Ambiente Raúl Fernández; a los intendentes de La Leonesa y las Palmas, José Carbajal y Víctor Hugo Armella respectivamente. La imputación al dueño de las arroceras, Eduardo José Meichtry, es la violación a la Ley 24051 de “Residuos Peligrosos”. Corregido dijo en su dictamen elevado al juez federal de Resistencia que “es menester dictar medida cautelar de no innovar a fin de ordenar a la explotaciones arroceras San Carlos SRL y Cancha Larga SA, sus administradores y socios se abstengan de continuar con las maniobras contaminantes en tal sentido y verificado en autos el empleo de sustancias tóxicas que impactan y dañan el ambiente, en especial los cursos de aguas – humedales - con escurrimiento hacia el río Paraguay”. Pide además que de cumplimiento a la Ley General del Ambiente Nº 25675 – arts. 2) Relativos a la conservación, preservación, equilibrio del ambiente. 3) Su aplicación es operativa en el territorio de la Nación. 4) Se tengan en cuenta los principios de prevención haciendo cesar los efectos de la contaminación; precautorios para los casos en que el uso de agrotóxicos no se tenga certeza científica de posible daño ambiental; responsabilidad a fin de determinar los costos correctivos y de recomposición del daño causado. 7) Por tratarse de un delito que provoca contaminación en humedales denominados Sitios Ramsar cuyas vertientes escurren hacia límites interjurisdiccionales como ser el río Paraguay deviene inequívoca la competencia Federal. 27 y 28) Relativos al daño ambiental, en este caso de actos ilícitos así como su responsabilidad, reparación y cese de actividad dañosa. Para el funcionario, existe evidente “conexidad entre el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la violación a la Ley 24051 o como establece el precepto procesal “un delito ha sido cometido para…facilitar la comisión de otro o para procurar al autor o a otra persona su provecho…”. – art. 41 inc. 2° CPPN”. El fiscal destacó que: “la actividad contaminante y la explotación arrocera que aplica agrotóxicos – biocidas, en violación a las pautas legales establecidas relacionada con el incumplimiento de los deberes de funcionario público de los dos ministros de la producción, de los dos secretarios con competencia en ambiente y de los intendentes municipales, se debe comprender a partir de una unicidad de circunstancias. En definitiva debió existir una omisión por parte de funcionarios del Estado para que funcione una explotación agrícola que deseche residuos tóxicos” |
