Armella puede perder su lugar en la justicia y van por Mussi

El juez federal de Quilmes, Luis Armella, no sólo quedó afuera de la causa Riachuelo, apartado por la misma Corte que lo apañó hasta lo indecible, sino que corre serio riesgo de quedar fuera de la justicia. De hecho, la fiscal de Quilmes Silvia Cavallo requirió abrir la investigación por las supuestas irregularidades en las contrataciones que se realizaron en el marco de la causa Riachuelo, en la que está imputado Armella, que recientemente fue separado del caso por la Corte Suprema de Justicia. La fiscal requirió abrir la investigación y pidió una batería de medidas para impulsar la denuncia que hizo formalmente el fiscal general ante la Cámara de Apelaciones de La Plata Julio Piaggio. "En particular, la presente investigación se centrará en establecer las conductas que se habrían llevado a cabo en el marco del cumplimiento de la sentencia definitiva dictada el 8 de julio de 2008 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/Estado Nacional y otros s/daños y perjuiciosdaños derivados de la contaminación ambiental del río Matanza Riachuelo”), como así también en identificar a la totalidad de las personas que pudieron haber intervenido y/o participado en calidad de autoría y/o participación, ya sean funcionarios, empleados, integrantes de sociedades y/o terceros, y que, actuando con motivo o en ocasión de su cargo y en el ámbito de su competencia, se encuentren involucrados en las contrataciones realizadas por Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) y la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del estado (CEAMSE) en cumplimiento del plan integral de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo y en el marco de los Convenios celebrados con la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR)", dice el dictamen.

Las diligencias ordenadas por la fiscalía son las siguientes:

1) Se requiera a la Auditoría General de la Nación que remita la totalidad de la documentación de respaldo que cuente en su poder y que le fuera aportada al equipo de auditoría, con la cual efectuara el Relevamiento Especial en Relación a Contrataciones Incluidas en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental –P.I.S.A. –” que fuera presentado a requerimiento de la CSJN.

2) Se obtenga toda la normativa referida al Régimen de Compras y Contrataciones de la ACUMAR (Decreto 1023/2001 y modif. Ley 26.168; su Reglamento de Procedimiento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios (Resolución 248/2010). Se requiera el aporte de copias del Convenio Marco entre dicho órgano y 3la empresa AySA para la implementación del P.I.S.A., los Protocolos n° 1 y 2 de dicho Convenio,

3) Se obtenga el Manual de Compras y Contrataciones de la CEAMSE (RD n° 870) de fecha 2 de febrero de 2012. Se obtenga el Manual de Procedimientos de Gestión de Obras, Bienes y Servicios de AySA (aprobado por Res. de Directorio del 27 de septiembre de 2007 y sus modificatorias).

4) Se requiera a los titulares de la ACUMAR y de las empresas AySA y la CEAMSE que aporten sus reglamentos de organización interna, la composición de dichos órganos, sus atribuciones y funciones y los datos de sus integrantes.

5) En el caso de no encontrarse dentro de la documentación solicitada en el punto 1), se requiera puntualmente a los presidentes de las empresas AySA y CEAMSE que aporten de la totalidad de la documentación y expedientes vinculados con las contrataciones directas y con las obras concretadas por concurso privado de precios efectuadas con la Compañía Constructora M&T S.A., que fueran referidos en los puntos B.1 y B.2.

6) Se requiera al titular de la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional que aporte la totalidad de la documentación relacionada con la contratación de la firma Kartonsec S.A.

7) Se requiera al titular del Registro Nacional de la Propiedad Automotor que informe la totalidad de los vehículos de maquinaria vial que estuvieran o actualmente se encuentren registrados a nombre de las firmas “San Martín 264 Bernal S.A.”, “Gildin S.A.”, “Tierras Provinciales S.A.”, “Vial Rogo Constructora S.A.”, “Compañía Constructora M&T S.A.” y “Kartonsec S.A.” así como también de todos sus integrantes, directores, socios, directores y accionistas.

8) De no haber sido remitido por la Auditoría General de la Nación, deberá requerirse a la Inspección General de Justicia así como a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la provincia de Buenos Aires, que aporten toda la documentación referida a las firmas “San Martín 264 Bernal S.A.”, “Gildin S.A.”, “Tierras Provinciales S.A.”, “Vial Rogo Constructora S.A.”, “Compañía Constructora M&T S.A.” y “Kartonsec S.A.”.

9) Se requiera al titular de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. que informe si en función del Convenio Marco entre la ACUMAR y AySA para la implementación del proyecto Limpieza de Márgenes como parte del P.I.S.A. y sus Protocolos, se implementaron contrataciones con otras empresas bajo las mismas modalidades que las concretadas con Compañía Constructora M&T S.A. También, que AySA informe si con anterioridad a la contratación directa por el servicio de alquiler de maquinaria vial realizada con la Compañía Constructora M&T S.A. (órdenes de compra n° 17.621, 20.806, 20.844 y 23.116), dicho organismo había celebrado con esta última firma alguna otra clase de contratación, suministro de bienes o servicios como así también si se les había adjudicado la ejecución de alguna obra.

10) Se requiera al titular de la CEAMSE que informe si en función del Convenio Marco entre la ACUMAR y CEAMSE “Proyecto de limpieza de márgenes – P.I.S.A. –” se llevaron a cabo contrataciones con otras empresas bajo las mismas modalidades que las concretadas con Compañía Constructora M&T S.A. Asimismo, deberá requerirse que se informe si con anterioridad a la contratación por 4adjudicación directa con dicha firma, ésta participó en la ejecución de otras obras, proyectos y/o servicios”.

Armella fue denunciado primero periodísticamente por "posible" incurrimiento en ilícitos en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, se lo acusa de vincularse con un grupo de empresas que consiguieron contratos millonarios sin licitación alguna. A partir de eso, la justicia intervino y los posibles delitos por los que se investigaría al juez son "estafa contra la administración pública", "violación de los deberes de funcionario público" y "negociaciones incompatibles con la función pública", imputaciones que suponen una pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua.

En la denuncia se hace referencia a una investigación periodística de Horacio Verbistky en Página 12, según la cual se encontraría probado un modus operandi delictivo en el que el juez Armella aparece como autor principal”, sostiene la presentación, y precisa que “el juez intimó a la Autoridad de la Cuenca (Acumar), bajo apercibimiento de graves sanciones y multas personales a los respectivos funcionarios, a realizar en plazos perentorios diversos proyectos”; “ante la premura exigida por el magistrado, se habilitarían los supuestos de excepción” para beneficiar, “sin procesos licitatorios”, a “empresas que serían próximas al juez”.

El asunto es que la investigación conduzca o no a lo que hay del otro lado del mostrador y que resultaría imprescindible para que el juez llevara a cabo sus negociados: alguien en Acumar debía firmar las contrataciones directas que se imponían dadas la urgencia que argumentaba Armella.

En ese sentido, llama la atención que así como en su momento hundió a Armella, el diario Página 12 –indudablemente funcional a las políticas del cristinismo- se está dedicando a esmerilar a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) en manos de Juan José Mussi, y su yerno Oscar Deina.

Esta nota de Página 12 acerca de los traslados nunca concretados de la Villa Inflamable de Dock Sud, uno de los mayores oprobios que Acumar dice que tiene “bajo control”, revela que el resquebrajamiento existe y que la idea de cargarse a Mussi junto con Armella no es apenas una suposición: Vecinos de Villa Inflamable, en la localidad bonaerense de Avellaneda, junto a la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ) exigieron a autoridades municipales, judiciales y a la Acumar hacer efectivo su “derecho a la información y a la participación” en el proceso de relocalización de su barrio hacia hectáreas ubicadas a metros del Riachuelo, entre la Isla Maciel y Villa Tranquila, en el marco del caso Mendoza: Matanza-Riachuelo, iniciado en 2004 por varios vecinos de esa zona periférica del conurbano, que reclamaron la recomposición del medio ambiente y la creación de un fondo para financiar el saneamiento de la cuenca.

El déficit en el acceso a la información que tienen los vecinos sobre la relocalización; la inexistencia de un estudio sobre el impacto social, cultural y demográfico del lugar donde serán trasladados; la falta de inclusión de todos los habitantes del barrio en el proyecto y de medidas tendientes a reparar la situación ambiental y sanitaria, así como la arbitraria prohibición del ingreso de materiales a Villa Inflamable para 5mejorar la calidad de vida de sus habitantes, son algunos de los ejes del actual reclamo vecinal.

Villa Inflamable posee un centenar de años y se encuentra ubicada en las inmediaciones del Polo Petroquímico de Dock Sud –cercanía que constituye un riesgo para la salud de sus habitantes– y emplazada parcialmente sobre terrenos resultantes del relleno en una zona de ciénagas contaminadas. La causa Mendoza tuvo origen en los problemas de salud de los vecinos del barrio, que fue señalado por Acumar como uno de los más “críticos”. En este sentido, los vecinos de Villa Inflamable y la ACIJ denuncian que, a más de cuatro años de dictada la resolución sobre el plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, “las omisiones de las autoridades responsables han avanzado en la vulneración de derechos fundamentales”.

En diálogo con Página/12, Luciana Bercovich, abogada y coordinadora del programa Derechos y Construcción Comunitaria en Villas de la ACIJ, dijo que “en Villa Inflamable el centro del problema es que los vecinos no tienen acceso a información pública, veraz, suficiente y actualizada”. “El municipio de Avellaneda ha incumplido con su obligación de crear comisiones vecinales con referentes en la materia, que articulen con los vecinos acciones de consenso en el proceso de urbanización, para que los afectados puedan exponer sus inquietudes”, añadió.

Asimismo, Bercovich explicó que “los vecinos de Villa Inflamable se enteraron de que iban a ser relocalizados el año pasado debido a que no podían ingresar materiales al barrio, lo que provocó el empeoramiento de sus condiciones de vida, ya que no pueden refaccionar sus hogares, que de por sí se encuentran en malas condiciones. Esta problemática aún no ha sido resuelta”.

Según la ACIJ, el relevamiento que definía la cantidad de viviendas que estarían dispuestas en el nuevo emplazamiento urbano contempló sólo a 1200 familias y no a las 1500 que viven en Villa Inflamable. “No sabemos qué pasará con esas 300 familias que no han sido censadas. Tampoco se nos respondió sobre el costo que tendrían las nuevas viviendas y su tamaño”, señaló a este diario Alejandro Alvarez, secretario general de la junta vecinal de Villa Inflamable. “Queremos participar sobre el futuro de nuestro barrio y para ello exigimos que se arme una mesa conjunta de trabajo y así decirle a las autoridades lo que nos pasa y encontrarle una rápida solución a nuestros problemas”, añadió.

 “No queremos mudarnos a la zona donde pretenden relocalizarnos, y no por capricho, sino porque los vecinos de ese lugar entre la Isla Maciel y Villa Tranquila viven en condiciones caóticas, a escasos metros del Riachuelo”, comentó Alvarez.

“De las 130 hectáreas que componen Villa Inflamable y que fueron otorgadas al municipio de Avellaneda para instalar un parque industrial, pasaríamos a mudarnos a un lugar también contaminado y de unas 30 hectáreas, donde sería imposible ubicar a las 1500 familias que hoy vivimos cerca del Polo Petroquímico de Dock

Sud”, agregó el hombre. Según un relevamiento reciente realizado por la ACIJ, de 102 hogares relevados, el 51 por ciento tenía al menos un miembro de la familia con problemas de salud crónicos. Presencia de plomo en sangre de niños, problemas respiratorios (asma, broncoespasmos), cutáneos y de crecimiento; jóvenes con problemas de desarrollo o madurativos y adultos enfermos de cáncer se ubican entre las principales afecciones.