| La Defensoría advierte sobre Ayui Grande |
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| Escrito por Redacción |
| Martes, 16 de Febrero de 2010 11:20 |
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En el informe se destaca que las empresas que integran el consorcio productivo poseen, en su conjunto, 76.500 hectáreas de tierras. De ellas, sólo el 10% se encuentran cultivada con arroz (8.200 hectáreas) debido a que no cuentan con los permisos de uso de agua requeridos para ello. No obstante, el 75% de estas tierras son aptas para el cultivo de arroz, hecho que es consignado en el propio estudio de impacto ambiental financiado por el consorcio productivo. La creación de una represa en la zona, sumada a las ya existentes y a futuros emprendimientos, haría posible la expansión de este cultivo en, al menos, las 57.300 hectáreas de “tierras arrozables” que posee el Consorcio. Por otra parte, la propia Evaluación del Impacto Ambiental señala que si este emprendimiento es exitoso, se prevé que se generarán nuevos proyectos en la cuenca del Miriñay, que tiene condiciones ambientales muy parecidas y puede almacenarse el agua en represas. La Defensoría sostiene que de una zona de pasturas y sabanas naturales, con predominio de la ganadería, a una producción arrocera “implica una serie de cambios sustantivos en la cultura social de la región, con fuerte impacto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Decir esto es hablar de identidad cultural, esto es del conjunto de valores, tradiciones, hábitos, símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento cohesionante dentro del grupo social de esa región”. El Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, dijo que teniendo en cuenta que los cambios propuestos implicarán una verdadera transformación en las políticas sociales, laborales, productivas y culturales de toda la región colindante al arroyo Ayuí Grande y siendo que los principales estudios de impacto se han centrado preferentemente en lo económico pero muy pobremente en lo social, acerca este informe para conocimiento de la Legislatura correntina “a fin de que al momento de aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos se tenga en cuenta la implicancia del impacto acumulado que representan, para la sociedad y los ecosistemas, el conjunto de los desmontes y cambios en el uso de la tierra potencialmente permitidos en la provincia de Corrientes”. La pelota ahora está en el campo de los legisladores.
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