La política minera que lleva adelante el gobierno de Eduardo Brizuela del Moral y su par el Secretario de Minería de Nación, Jorge Mayoral y el imprensentable intendente de Andalgalá José Perea, desembocó en el estallido de la localidad catamarqueña y pone luz a que la tensión se resolverá con represión.

Las autoridades nacionales comienzan a ver que hay una incompatibilidad entre la actividad minería y la paz socia, pese al fogoneo del desarrollo sustentable.
La ciudad de Andalgalá está convulsionada a horas de la represión que culminó en una pueblada sin precedentes.

La idea de dar vía libre a que diversas fuerzas policiales reprimieron a los manifestantes, entre los que se encontraban niños, mujeres y personas de todas las edades que bloqueaban el ingreso de los camiones a Agua Rica, deja muchos interrogantes.
Finalmente el juez Guillermo Cerda dispuso “el cese de actividades hasta nuevo aviso” del emprendimiento minero Agua Rica, con la intención de poner fin al conflicto social en la zona.

La nueva página de los emprendimientos mineros está muy lejos del desarrollo sustentable. Decir livianamente que el maní contiene cianuro al igual que el proceso por el cuál se separa el oro es una tomada de pelo.

La gente quiere que el cielo abierto sea mirar las estrellas y no convivir con el peligro que supone una actividad que no deja margen a la tranquilidad.

Por su parte el arco político aprovecha la situación para llevar agua a su molino. En este sentido los diputados del interbloque justicialista presentaron un proyecto de resolución en la que solicitan que el gobierno informe a la Cámara de Diputados sobre la represión ocurrida el lunes 15 de febrero en la ciudad de Andalgalá.

A su vez las diputadas nacionales por la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió y Fernanda Reyes afirmaron que “tanto el Gobierno Nacional como el de la provincia de Catamarca actúan en conjunto con la Justicia para garantizar el negocio de la explotación minera en esta provincia”.

“La política minera está al servicio de uno de los negocios y saqueos más escandalosos de la historia argentina. Existe una connivencia de los gobiernos nacional, provincial y municipal y de la Justicia para garantizar el negocio de las empresas mineras”, manifestaron las legisladoras.

“El juez y la fiscal que actuaron, ordenando el desalojo, deberían presentar su renuncia inmediata ya que actúan como la guardia jurídica de las empresas mineras”, sostuvieron Carrió y Reyes.

Para Ramón Saadi, “La irracional violencia desplegada en Andalgalá por indicación de las autoridades del Frente Cívico y el Intendente es la conclusión de un proceso comenzado hace casi veinte años prolijamente dedicado a llevarse la riqueza de Catamarca a otro lado”.

La circunstancia de que la totalidad de los hombres de gobierno de  Eduardo Brizuela del Moral, se ausentaran, confirma que la cosa pública ya no está en sus manos. La deserción deja en claro que la lucha cuerpo a cuerpo ya tiene un ausente.