Cobos, el vicepresidente, tuvo una destacada actuación en Mendoza en función de mejorar las perspectivas económicas de las empresas. En este sentido, según la organización Oikos, Julio Cobos boicoteó el proceso que evitaba que Repsol se quedara con la reserva de Llancanelo.  En ese entonces el hoy autoproclamado presidenciable ocupaba la cartera de medioambiente provincial. La sentencia de la Corte mandaba a realizar un mapa que considerara los límites biológicos. El gobierno donde Cobos era la pata ambiental intentó imponer un mapa que escandalizó hasta la propia Repsol. Corría el año 2001 y Repsol le ofrece a la provincia pagar los bonos Aconcagua con tal que le entregaran el yacimiento de Llancanelo.

Medio y medio extractó la entrevista a Eduardo Sosa, de la Red Ambiental Oikos, tras la tensión que se generó por la profundización de las tensiones entre la empresa YPF y los ambientalistas por la Laguna de Llancanelo. El próximo 26 se realizará una audiencia pública ante el temor de la flexibilización de los controles ambientales.

-¿Podrías contarnos un poco sobre las características de la laguna, de ese ecosistema, y por qué lo nombran reserva?

Esta área [protegida] se superpone con un área petrolera, que corresponde a la Cuenca Neuquina. Debajo de la laguna hay formaciones con petróleo que se vienen explotando desde los años ’30, fueron pasando desde la YPF estatal hasta empresas extranjeras como la californiana Unión Oil, que abandonó el yacimiento en los ’80. En los años ’90, mediante el Plan Houston, le otorgan el área de concesión a YPF, después YPF-Repsol, y ahí arranca todo el proceso.
Repsol-YPF presenta un proyecto [para la perforación] de un pozo exploratorio en el año ’99, que es aprobado de manera irregular por el gobierno de la provincia. Al año siguiente presentan su plan para el área, que incluye una primera etapa de explotación de 8 pozos y, en una etapa siguiente y final, [la perforación] de 80 pozos. La etapa de los 8 pozos también iba a servir para ubicar el yacimiento y ver la geometría de la formación.

Allí empieza el conflicto en la Justicia, el segundo [para definir los límites de la reserva provincial y preservarla de la explotación petrolera]. Porque hubo un primer conflicto en los años ’80, que es un caso único en el país, [en el fallo] se reconoce el derecho al ambiente cuando todavía no estaba incluido en la Constitución Nacional [1]. Nosotros tomamos varios antecedentes y en el año 2003, luego de una batalla mediática, administrativa y política fuimos a la Justicia, y en el 2005 la Corte Suprema de la provincia declaró la inconstitucionalidad de la aprobación gubernamental de esos 8 pozos.
Después de todo eso se abre un proceso de negociación, del que Oikos formó parte. Ese proceso después se vició, porque la Corte había propuesto la elaboración participada de los límites de la reserva y de su manejo, y el gobierno de Julio Cobos [2] lo boicoteó. Esto viene de la gestión anterior, del gobernador [Roberto] Iglesias, del cual Cobos era ministro de Ambiente.

-¿De qué manera boicotea la negociación?

La sentencia de la Corte manda a realizar un mapa que considere los límites biológicos. Hacer esto era un poco ambiguo…pero se llegó a un acuerdo ecológico. El gobierno intenta imponer un mapa que era, a todas luces, contrario a la sentencia de la Corte y a la opinión científica. Nosotros nos retiramos de esa mesa y ofrecemos un mapa alternativo que protege las zonas principales de la reserva, que contaba con el aval del municipio de Malargüe, de la propia empresa -que termina reconociendo y sacrificando un gran porcentaje de su área- y el sindicato petrolero. Esto deja solo al gobierno provincial y termina imponiéndose ese mapa, que en el año 2007 se transformó en el mapa oficial de la Reserva de Llancanelo.

¿El mapa que diseñaron ustedes?

Sí, el mapa que diseñamos nosotros, con algunas pequeñas correcciones dadas por los científicos. En definitiva, de 40 mil has que tenía originalmente la reserva provincial pasa a 95 mil has.

-¿A nivel nacional hay antecedentes de fallos como este, que limita la actividad petrolera?

En principio no, creo que es el único antecedente desde esa perspectiva. Como fallo sienta una jurisprudencia importante, porque, en principio, la sentencia declara que tener la concesión de un área, tener un derecho adquirido, no implica el derecho a contaminar. Y un fallo similar no se había dado desde 1883, con los saladeros de Barracas.
Este fallo es utilizado hoy para muchos otros juicios, como por ejemplo, el que tienen los superficiarios de la Patagonia, que está en la Corte Suprema [de Justicia de la Nación] contra las empresas petroleras, entre las cuales Repsol está. Entonces, a nivel jurisprudencial, generó un antecedente bastante importante. Como el que hizo en el año ’86 (el amparo) de estos dos señores.

-Más allá de este ‘boicot’ que mencionas en la mesa de negociación, ¿cómo fue la relación de la provincia con Repsol YPF?

Si tuviera que resumirlo en una palabra, fue de ‘sumisión’, porque en aquellos años estaba la crisis. El 2001 agarra muy mal parado a todo el país, Mendoza había emitido los bonos Aconcagua unos años antes y en ese momento estaba pagando los intereses de esos bonos –que se pagan en dólares. Repsol le ofrece a la provincia pagar los bonos Aconcagua con tal que le entregaran el yacimiento de Llancanelo -que a la vista de los últimos resultados parece ser muy importante.
Eso fue lo que intentó hacer el gobierno de la provincia, que no pudo lograr. En aquel momento Repsol tenía un ascendente muy grande sobre el gobierno de Cobos.

-¿Y en la actualidad?

En la actualidad creo que más una sumisión, el gobierno provincial directamente tiene poca vocación por el cumplimiento de la ley, de hecho ha relajado el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental para la actividad petrolera. Salvo en este caso, que ya venía de antes, las empresas hoy tienen las cosas mucho más fáciles para explorar o explotar petróleo en la provincia. Los organismos de control prácticamente están desarticulados, la situación es muy mala.

-¿Este relajamiento de los controles ambientales tiene un correlato nuevas concesiones de áreas petroleras?
Absolutamente. En el gobierno anterior se habían iniciado los procesos de licitación de las áreas secundarias. Muchas áreas revertidas de la provincia [4] quedaron abandonadas de la época en que YPF dejó de ser la empresa estatal. Las empresas concesionarias se dedicaron a explotar las [áreas] más productivas, las que tenían menor riesgo. Con las tecnologías actuales muchas de esas áreas abandonadas pueden ser recuperables y [desde la provincia] se hizo un procedimiento de concesiones: la entrega de bloques para la recuperación secundaria. Varias empresas obtuvieron esos bloques, Repsol entre ellas. Cuando entra este gobierno acelera todo el proceso y las entrega.

-¿En este desarmar mecanismos de control ambiental se modificó la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental?

Se ha reglamentado, de hecho entendemos que la reglamentación es inconstitucional porque avanza desarma prohibiciones que están establecidas en la ley 5961, como por ejemplo, la autoridad “puede” llegar a pedir informes sectoriales o dictámenes técnicos, que antes eran obligatorios; “puede” exceptuar a las empresas de la Evaluación de Impacto Ambiental, cosa que la ley no lo contempla. Estamos en proceso de ver la inconstitucionalidad de esa resolución.
La ley marco ambiental de Mendoza está siendo analizada por el gobierno, ha hecho todo un proceso y, a la luz de todas estas situaciones, tenemos muchas dudas y mucha preocupación respecto de lo que puede salir como resultado.

Volviendo a Llancanelo, ¿cómo se llega a esta segunda avanzada de Repsol sobre la laguna?

Bueno, cuando se define el área protegida, en 2007, queda liberado el tema central, que era que fuera del área protegida, con todos los cuidados y las leyes vigentes, se puede explotar hidrocarburos. Entonces la empresa presenta un nuevo proyecto, arranca en el 2008 y 2009 sigue el procedimiento. Esto se llevó a cabo bajo total silencio de las autoridades, recientemente se hizo público porque el proyecto salió de los organismos públicos para las universidades y organismos de investigación, que son los que dictaminan.
En enero convocaron a una Audiencia Pública, que es el próximo 26 de febrero, y ahí recién tuvimos acceso al expediente. No hemos tenido todavía acceso a la totalidad del expediente, porque curiosamente la parte más importante del procedimiento administrativo no estaba cuando se fue a consultar, pero imagino que va a estar en los próximos días.

¿Qué expectativas tienen respecto en la Audiencia Publica?

Las expectativas son diversas. Considero que la Audiencia Pública, a pesar de su falta de credibilidad, es una herramienta muy poderosa, porque tiene efecto jurídico importante. Si uno sabe manejarse dentro de ese ámbito de participación puede obtener muchas cosas importantes, puede presionar a las autoridades y obligarlas a que tomen ciertas y determinadas medidas para asegurar la preservación del ambiente y la regularidad del trámite administrativo. Pero cuando uno va a la Audiencia Pública, y está pasando mucho últimamente, hay una cantidad de personas que van -que no son ni afectados directos ni interesados, en el sentido de lo público- y arman lío, dejan hablar poco y la autoridad hace poco para llamar al orden.
En este sentido del relajo, del incumplimiento de la ley, también la instrucción de las audiencias públicas ha ido perdiendo más credibilidad. Porque las audiencias públicas son una instancia de participación muy importante y en Mendoza se han logrado cosas importantísimas, pero en sí mismo el proceso se ha viciado.