El Programa de Reconversión Industrial (PRI) no funciona como debería en la provincia de Tucumán. Por lo menos es lo que se desprende de las instancias judiciales que dicen que las industrias siguen contaminando, mientras que en los papeles esas empresas han cumplido con lo propuesto en el PRI. Lo cierto es que el dinero para implementar el programa fue desembolsado, pero el resultado no es acorde a lo que debería ser.

A la capital tucumana llegó el  Adjunto I de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Sella, quien se reunió con los integrantes del Consejo de Defensores de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce. El organismo está integrado por los Ombudsman de las provincias de Tucumán, Córdoba, Salta y Santiago del Estero.

Sella, junto con los Defensores provinciales, se reunió con el Ministro de Producción y el Secretario de Medio Ambiente de la provincia de Tucumán, y juntos evaluaron los informes sobre la contaminación de la Cuenca Salí-Dulce y los resultados que arroja hasta el momento la ejecución del Programa de Reconversión Industrial (PRI).

El Consejo de Defensores del Pueblo llegó a la conclusión de que se debe profundizar el mencionado Plan de Reconversión, que lleva ya dos años de ejecución en la provincia de Tucumán, para que se abarque la totalidad de las industrias (citrícolas, frigoríficas, azucareras, etc.) y se eliminen de ese modo todos los impactos negativos que las empresas vienen produciendo históricamente sobre el medio ambiente, tanto en la Cuenca Interjurisdiccional como en la propia provincia. También se aconsejó implementar las medidas para garantizar la continuidad de los planes actualmente en marcha, especialmente en lo referido al control de la cachaza y la vinaza, dos de los principales contaminantes que genera la industria azucarera.

Los defensores reclamaron asimismo que se garantice el derecho a la información ambiental actualizada sobre todas las acciones que desarrolla el Comité Técnico, y pidieron que se avance en la implementación de un sistema que promueva y proteja la participación social en el cumplimiento de la Ley General del Ambiente. El objetivo – se señaló—es que las acciones surjan como consecuencia de un verdadero consenso entre todos los sectores involucrados: académico, ONG´s, empresario y gremios, entre otros.

El encuentro, organizado por el Consejo de Defensores del Pueblo de la Cuenca de los Ríos Salí-Dulce, se centró en el grado de cumplimiento de las acciones comprometidas por los gobiernos provinciales y nacional para profundizar el control de la contaminación en los distintos puntos de la Cuenca.