Scioli confirmó la degradación institucional del medio ambiente

A fines del año pasado circuló primero el rumor y luego la información que indicaba que el gobernador Daniel Scioli había decidido degradar en su categoría institucional al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (única dependencia con incumbencia ambiental en la provincia) y subsumirlo en una insólita Secretaría de Espacio Público creada a pedido de la política para satisfacer la demanda de un cargo en el gabinete a un señor llamado Eduardo Aparicio, que dirigía un programa de punterismo asistencial llamado “soluciones ya”. La movida suponía que el OPDS, que contaba con la autarquía necesaria como para llevar adelante una política ambiental correcta desde el punto de vista institucional, perdiera su estatus al punto que su titular pasara de tener un rango ministerial dependiente de la jefatura de gabinete a ser un subsecretario de una Secretaría incongruente (¿qué quiere decir “espacio público” en el orden provincial, siendo que el espacio público es puramente urbano y de pertenencia a los gobiernos locales?). La movida significaba también confirmar que en muchos aspectos el gobierno de Scioli se maneja por la idea del marketing antes que por la de la gestión. Nada suena más contradictorio que autoproponerse como un gobierno con una impronta ambiental destacada y, simultáneamente, hacer descender en el escalafón institucional al organismo que puede conducir una política de Estado en el asunto. Pero más contradictorio resulta si esa autopromoción respecto de la preocupación del sciolismo por el ambiente se expresa en la decisión de nominar como estrella del firmamento ambiental a un baterista sin ninguna formación y con el solo mérito de tener una novia bonita y haber comprado la franquicia de Al Gore para estas latitudes. Un funcionario allegado al gobernador Scioli dijo hace unos meses: “Pensar que el gobierno de la ciudad pone como referencia a Osvaldo Canziani, premio Nobel integrante del panel de científicos de Naciones Unidas contra el cambio climático, y nosotros le damos esa cucarda a Charly Alberti”.

En ese esquema no resulta sorprendente que finalmente aquella amenaza de degradar institucionalmente el área ambiental se cumpliera. Y se hizo a través del decreto de conformación de la estructura de la Secretaría de Espacio Público, cuya lectura confirma la inutilidad de su creación, salvo para todo lo que tenga que ver con “trabajo conjunto” con los municipios para el mejoramiento del espacio público urbano. Es de suponer que una Secretaría con semejante rango en un gobierno del principal Estado de la Argentina está para gestionar por su propia cuenta y no para ser una especie de motorizador de los proyectos municipales o la asistencia después de un tornado. O al menos resulta insultante, en épocas en que lo ambiental debe adquirir rango de política de Estado, poner bajo su control al organismo que debe responder por la contaminación industrial, la basura, el ordenamiento territorial, las áreas protegidas, los residuos tóxicos, y demás cuestiones vitales que exigen transversalidad y no degradación institucional. Pero cuando la política ambiental se reduce a recorrer pueblos dando charlas de calentamiento global a cargo de dos legos (el baterista y su novia) que a lo sumo pueden ser correctos divulgadores, nada termina siendo sorprendente.

La realidad institucional de OPDS es, a partir del decreto 112, un enigma. El decreto que exhaustivamente explica la estructura –insólita- de la nueva dependencia, 2apenas determina que “OPDS se relacionará con el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Espacio Público”. Es decir, una mediatización que en los hechos da la señal de menor interés y no, como declama el gobernador, de política de Estado.

A todo esto hay que destacar la coherencia de las ONGs como Greenpeace, FARN y la agrupación Los Verdes: ninguno tiene nada para decir ante una decisión de degradación institucional del medio ambiente. Eso sí: a los funcionarios que hacen cosas los atacan por no seguir los libretos que ellos escriben.