De aliado y causa nacional a sedicioso hay un camino. Después de que se conociera por el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, que el gobierno nacional se presenta de ahora en más como querellante en la causa contra los asambleistas que cortan la ruta que une Gualeguaychú con Fray Bentos, un nuevo capítulo comienza a escribirse. A la corte de voces que piden y señalan en lo local la inutilidad del corte le sigue un sonido de silencio.

Nadie sabe a ciencia cierta que es lo que ocurriría si la gente se fuera de allí pero el riesgo de entramparse en monitoreos es un paso al vacío. Si tomamos los informes que en secreto se presentaron en La Haya y que no lograron llevar una sola prueba contundente de contaminación, podría establecerse que por sí mismo es una señal más que suficiente.

La libre circulación no es tan importante cuando está garantizado que se puede llegar al Uruguay al menos por tres vías diferentes. La presunción de contaminación de un recurso está por encima de eso. Pero además ¿Quién podría creerle a la Dinama de Uruguay, a las Cancillerías de ambos países, y a la Secretaria de Ambiente? Es poco probable que la Caru sea el organismo que de garantías suficientes más aún cuando lo que se puede llegar a monitorear es el entorno y no Botnia. Es como inspeccionar una verdulería entrando a la carnicería. La crisis es institucional entre ambos países y la respuesta de la gente es el puente cortado. De esa imagen depende el futuro en que los gobiernos asuman, mientras Botnia ríe desde la orilla.