| Todos a juicio |
 |
 |
 |
| Escrito por Redacción |
| Sábado, 12 de Junio de 2010 13:22 |
 Para Alazard "la mayoría de nuestras acciones no se pudieron llevar a cabo sin la anuencia de las respectivas autoridades". En esa lista incluirían al ex gobernador Jorge Busti, que desde un primer momento alentó las acciones de la asamblea, amenazó a Uruguay con cortarle el suministro de gas natural y hasta financió el funcionamiento de Arroyo Verde, con una partida mensual de 20.000 argentinos. Esto fue reconocido en su momento por el piquetero Jorge Fritzler, cuando en diciembre de 2008 criticó que el nuevo gobernador Sergio Urribarri les había suspendido ese "subsidio". El abogado integrante del equipo técnico de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, Luis Leissa, dijo que el juez Pimentel valora que durante 3 años el Gobierno no hizo ninguna actuación porque los 3 oficios que reactualiza, dos de ellos nacen a raíz de denuncias del Ministerio Público Fiscal que es el organismo que hoy representa al Estado. Y el magistrado dice que durante 3 años no hubo ningún delito. Además señaló también por inacción y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos a quienes tienen responsabilidades estatales, si se sigue la misma lógica. Pero el hecho más significativo tiene relación con la posibilidad de incluir también al ex presidente Néstor Kirchner, que en mayo de 2006 concurrió a Gualeguaychú acompañado de su esposa Cristina Fernández, para proclamar en un multitudinario acto realizado en el corsódromo, que la lucha contra Botnia, era "causa nacional". Los delitos que se le imputarían a los asambleístas irían desde el entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos, intimidación pública y apología del delito. Ayer la presidenta argentina, Cristina Fernández, firmó un decreto que deberá ser presentado ante la Justicia de Concepción del Uruguay como forma de avalar la querella iniciada contra los manifestantes. El ministro argentino de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, aseguró que este decreto, que será presentado en las próximas horas, autoriza al procurador General del Tesoro, Joaquín Da Rocha, para presentarse como querellante en la causa por el corte que inhabilita el paso entre Fray Bentos y Gualeguaychú. Alak explicó que se trata de un trámite "formal, insustancial". El decreto fue exigido por el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quien consideró insuficiente una orden verbal para avanzar con el proceso judicial. La medida le permitirá al juez adoptar medidas, lo que dispararía un escenario imprevisible. Para el ex intendente de la ciudad de La Plata Julio Alak se trata de proceder en el marco de la Ley. "Nosotros no vamos con palos, vamos con la Ley en la mano” dijo. Para el abogado de la asamblea de Gualeguaychú, Luis Leisa, reclamó ayer "mesura y racionalidad" al gobierno argentino y dijo que la iniciativa de la querella es una "medida sin sentido y absolutamente irracional". Uruguay por su parte espera resultados concretos tras el cambio de estrategia del gobierno argentino. Mientras todo esto ocurra nada se avanza en torno al monitoreo de la planta. Uruguay mantiene que el monitoreo binacional debe ser sobre las aguas del río y no dentro de la planta de la ex Botnia, puesto que esto sería una violación a la soberanía, además de que no lo habilita el estatuto del río ni el de la Comisión Administradora del Río Uruguay. El intendente de la ciudad de Concordia, Gustavo Bordet, afirmó que el corte de la ruta 136 debería levantarse porque “es ilegal por el fallo de la Corte Internacional de La Haya y por el fallo de la Justicia Federal Argentina que así lo determina”. |
