Los legisladores Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires), Elisa Carrió y Fernanda Reyes (Coalición Cívica) pidieron ayer a la Justicia que investigara potenciales  vínculos entre funcionarios y la empresa minera Barrick Gold y presentaron nuevas pruebas para ampliar la investigación que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

También reclamaron al Gobierno que de a conocer el acuerdo tributario que firmó con la compañía canadiense, cuestión que mantuvo parada las discusiones entre Chile Argentina y la empresa el año pasado.
El foco pasa en las vinculaciones económicas entre los hermanos José Luis y César Gioja –gobernador y senador por San Juan–  al que se agrega el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral. También le pidieron al juez que determine “la posible vinculación de esos hechos con el veto presidencial” a la llamada Ley de Glaciares en noviembre de 2008.

Para Carrió Argentina “es la vedette de la minería”, ya que recibe “regalías ínfimas” de las empresas. Esto es posible por que la presidenta Cristina Kirchner “es posible el  tráfico de influencia a favor de la Barrick Gold, ante la posibilidad de un acuerdo tributario secreto entre el Estado nacional y esta empresa”. Bonasso y Reyes pidieron a la Justicia que determinara si existió algún tipo de acuerdo secreto que le garantizara a la minera un tratamiento fiscal extraordinario.

La presentación de los diputados tuvo lugar días después del encuentro que mantuvo en Toronto la Presidenta con el titular de la Barrick Gold, Peter Munk. El próximo miércoles, en tanto, el Congreso debatirá un nuevo dictamen de la Ley de Glaciares.