El acuerdo por el monitoreo del río Uruguay y de UPM depende de "aspectos técnicos y jurídicos vinculados al fallo de la Corte", dijo ayer el canciller uruguayo Luis Almagro. El punto es entrar o no a la planta ya que Argentina interpreta que el fallo le da, en el punto 281, acceso a la misma. La situación es ver que pasa cuando uno tira los dados, ya que la planta no tiene ningún interés en que la inspeccionen.

Para el canciller la negociación con Argentina "va a llevar su tiempo", aunque aclaró que "no mucho" y consideró que es necesario "acercar algunas posiciones".
"No es algo de lo que estemos demasiado alejados, no es algo que tengamos complicaciones, pero sí tenemos que ajustar algunos detalles en aspectos técnicos y jurídicos vinculados al fallo de la Corte (de la Haya) y en eso estamos", señaló.

El punto 281 es clave en el ingreso a la planta de UPM- Botnia  para los controles, y sostiene que el fallo de La Haya. Sin embargo para varios analistas esto no surge de manera evidente del propio texto.
"Mantenemos intacta la posición de que es la ciencia la que tiene que controlar el medioambiente en toda la zona del río Uruguay. Los países tenemos que aceptar el fallo de La Haya, que dice que el control medioambiental se debe realizar dentro de la papelera", dijo Timerman a la prensa el miércoles tras reunirse el día anterior con Almagro.

El punto 218 dice: "Por último, la Corte señala que el estatuto de 1975 obliga a las partes a cooperar entre ellas, en los términos que el estatuto establece, para asegurar el cumplimiento del objetivo y el propósito del estatuto.
En lo que si están de acuerdo es en el hermetismo de las negociaciones.  La cautela se basa en que todo puede echarse a perder.

Como si se tratara de un problema real el tema pasa por las coincidencias del absurdo. Ambos países coinciden en que el monitoreo no se debe limitar a la empresa UPM-Botnia, pero está en dudas el monitoreo interno.

Esto es como dar vueltas alrededor del problema. La pastera pareciera que opera en un territorio propio intangible para ambos gobiernos. De esta manera sería algo así como mirar el pié pero no la espina clavada.
El presidente uruguayo José Mujica consideró que la planta debería permitir un control externo.
Veremos si lo que interpretó la Corte de La Haya en que las partes tienen una larga y efectiva tradición de cooperación y coordinación a través de la CARU logra romper el cerrojo.