Todo puede ocurrir el 7 del 7. Bien podría tratarse de dos extraños acontecimientos. Sin embargo en la ACUMAR entendieron que ese día de julio era bueno para contar que dos años es un buen tiempo como para contar los avances en la cuenca Matanza Riachuelo. Así el presidente Ejecutivo de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), el ingeniero Gustavo Villa Uría, presentó el estado de avance del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). Villa Uría quiere competir por el podio de la declaración insólita.

En vez de presentar como resolver ese crucigrama llamado Riachuelo se puso en manos de “la Buenaventuranza” (sic). Veamos la palabra Buenaventuranza no está registrada en el Diccionario de la Real Academia Española. Pero de todos modos entendemos que se refería a que algo que escapa a su voluntad lo puede ayudar. No todo terminó ahí. El Presidente Ejecutivo de la ACUMAR, reconoció que hablar de tiempos “sería irresponsable”. Es que los vencidos 1000 días de María Julia dejó al menos un aprendizaje. Para el funcionario la solución a este problema es una “larga carrera que no va a llevar menos de 15 o 20 años, lo mismo que llevó sanear el río Támesis en Inglaterra”.

Villa Uría destacó la importancia de contar con un organismo con la capacidad técnica y política para llevar adelante el plan de saneamiento. “Hoy la ACUMAR tiene su propia estructura con un presupuesto en ejecución para este año que supera los 43 millones de pesos y que para el próximo rondará los 400 millones de pesos” dijo el funcionario.

Villa Uría mencionó además que desde abril de este año se ha superado el número de inspecciones solicitado por la Corte, alcanzando durante el último mes casi 800 inspecciones mensuales lo que duplica las 400 solicitadas por el Juez Luis Armella.
Pero ese día el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez citado, intimó nuevamente a la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) a dictar un reglamento que fije plazos concretos en los procedimientos de control industrial en esa zona hídrica.

Fue a partir de un caso, en donde desde la toma de muestras en el control a una empresa y hasta la elevación de las actuaciones a la dirección correspondiente transcurrieron más de seis meses, “evidenciando una clara deficiencia en los plazos del proceso interno para el dictado de las declaraciones de agente contaminante, y consecuentemente un retraso en las presentaciones de los Programas de Reconversión Industrial, cuyo fin último es mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca y recomponer el ambiente en todos sus componentes (agua, aire y suelos), previniendo los eventuales daños que la actividad pudiere generar”, aseguró el magistrado.

Parece que en definitiva estaban mirando cuestiones distintas.