Al pequeño Das Neves sería el que está del otro lado y parece que no le va bien con el ambiente. Ahora por si faltara poco a los problemas que representa la minería y el petróleo se suman los bosques. Cuatro comunidades mapuches del noroeste de Chubut presentaron un recurso de amparo contra la provincia. Es por la ley de bosques nativos aprobada en junio y argumentan que es inconstitucional porque no se las consultó ni participaron en su elaboración. Piden que se suspenda y se la declare nula.

El recurso fue radicado en el Juzgado de Familia Nº 2 de la ciudad de Esquel y las comunidades que lo impulsaron son Motoco-Cárdenas y Cayún, de Lago Puelo, y Leopoldo Quilodrán y Lorenzo Pulgar Huentuquidel, de El Hoyo.

Es una acción amparo colectivo contra la Provincia de Chubut “por haber adoptado una medida legislativa, que afecta directamente al Pueblo Mapuche”. La norma establece el ordenamiento de bosques nativos previsto en la Ley nacional 26.331, de Presupuestos mínimos para la protección de bosques nativos, y fue votada el 17 de junio por la Legislatura provincial.

Sin embargo para Bibiloni la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de los Bosques Nativos es un ejemplo. El funcionario aseguró que “a las normas hay que apuntalarlas con políticas públicas” y puso el ejemplo de la Ley, la cual fue reglamentada y acompañada de un programa experimental de bosques que agilizaron su puesta en marcha. “Este año se invirtieron 150 millones de pesos para la financiación de proyectos en el marco de dicha normativa” dijo
Sin embargo esa cifra es muy menor a lo que debiera invertirse en el sector.

Para las comunidades mapuches la ley provincial se aprobó “violando de forma manifiesta su derecho de participación en la elaboración, aprobación e implementación de la misma, amputándole de cuajo al Pueblo y a las Comunidades Mapuche su derecho de definir sus prioridades de desarrollo; y por haber omitido la debida consulta previa sobre el proyecto de ley, en abierta violación a mandatos constitucionales y supralegales que obligan taxativamente a ello, haciendo pasible a la Argentina de responsabilidad internacional.”

Los abogados del Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra (GAJAT) Fernando Kosovsky y Edgardo Manosalva patrocinan a las Comunidades.
“En Chubut, al existir Comunidades indígenas, el Gobierno está obligado a respetar los derechos de decisión. Estos son el derecho de consulta – informar de buena fe y luego consultar - y, en ciertas cuestiones, tiene que ir más allá y darles participación en la elaboración de las políticas o programas de Estado. Está reconocido a nivel constitucional y en el Convenio 169 (de la OIT) en su artículo 7”, explicó Kosovsky.

Los amparistas citan al juicio a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ya que “la Provincia de Chubut le hecha la culpa al Gobierno nacional. Dice que demora el decreto reglamentario.
Citamos al juicio a la Secretaría para que diga si la Presidente es la responsable de esta demora” “La finalidad de haber engañado a la población chubutense e impedido la participación de las Comunidades, según la Dirección de Bosques y Parques, es que desde la Nación se condicionó a las provincias a aprobar antes del 30 de junio la ley para recibir no sé cuántos millones”. Por último, Kosovsky afirmó: “Sea quien sea el responsable, no puede pagar los platos rotos el pueblo indígena”.

Edgardo Manosalva aseguró que "todos los representantes de las comunidades fueron claros en señalar la actitud discriminatoria de la Dirección de Bosques hacia ellos” y añadió que “lo que está haciendo Bosques es negarles permisos para trabajar basándose en un decreto provincial, cuando hay una legislación supralegal que rige desde hace muchos años. Esto tiene consecuencias prácticas en la vida de las personas”