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Escrito por Redacción   
Miércoles, 25 de Agosto de 2010 12:04

El titular de la cartera ambiental de Chaco, Raúl Fernández, aseguró que los casos de enfermedades que sufren los vecinos de la zona de Las Palmas y la Leonesa podrían ser causados también por la contaminación que dejaron en el lugar los viejos ingenios azucareros.
El subsecretario de Medio Ambiente de la provincia de Chaco Raúl Fernández, tiene problemas. En recientes declaraciones reconoció la dificultad que tiene su cartera para controlar las pulverizaciones aéreas con agroquímicos que se realizan en las arroceras de Las Palmas y La Leonesa para luego increíblemente asegurar contradiciendo lo anterior, que en materia de controles ambientales “estamos muy bien”.¿Bien o mal con alguna dificultad?.
"En este momento estamos muy bien en materia del control ambiental de la zona", dijo Fernández, quien consideró que existe un fuerte componente político que rodea a las dos arroceras instaladas en el departamento Bermejo y que hace tiempo son centro de una larga polémica, con denuncias de los vecinos por contaminación y una férrea defensa de distintos actores del sector productivo. Asimismo, el funcionario descartó cualquier posibilidad de reubicación de ambos emprendimientos, aunque advirtió que esa situación "nos les da un cheque en blanco para contaminar".

"Las empresas están ordenadas en materia de residuos peligrosos y disposición de envases de agroquímicos; y también en la evaluación de impacto ambiental que presentaron de oficio porque en la actividad agrícola no se presentan este tipo de estudios", explicó el subsecretario, quien además expuso sus serias dudas de que las enfermedades cancerosas detectadas en la zona tengan directa relación con las fumigaciones con glifosato en las plantaciones de arroz.

''Pueden ser un componente más de todos los contaminantes que tiene la zona, porque nadie habla de que ahí mismo trabajó un ingenio azucarero durante cien años y sin ningún tipo de control ambiental", apuntó. Así fundamento que los habitantes radicados en ese sector ya vienen con “una historia genética afectada", aunque aclaró que con este análisis no pretendía "quitarle nocividad" a los efectos que tiene el glifosato.

También destacó que en la provincia por primera vez fue exigido a las empresas arroceras el seguro ambiental, por cuya contratación la compañía debió pagar unos ocho millones de pesos. "El beneficiario del seguro es la Subsecretaria de Ambiente, que es el organismo encargado de denunciar ante la compañía de seguros en caso de eventuales de derrames u otros incidentes", explicó.

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