Entre los Picolottis y los locos Adams solo falta Largo. Después de pronunciarse acerca de la ley de bosques provincial discutida en el centro de Córdoba sobre un mapa que podría asimilarse a previo a los viajes de Cristóbal Colón, donde hay bosques bosques pero sólo de soja, el clan quiere meter la cuchara en Andalgalá.

Ya hace unos meses desde el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), una fundación que preside la ex subsecretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, preguntaba acerca de los militantes de la Asamblea El Algarrobo. 

Ahora empujan ante la Corte de Justicia de la Provincia un recurso para constituirse como "Amicus Curiae" (amigo del tribunal) y, de esa forma, poder acercar al tribunal argumentos para resolver sobre la legalidad o no de la convocatoria a un referéndum minero en Andalgalá.

En la Corte está pendiente de resolución una causa iniciada por el fiscal municipal de Andalgalá, en la que pide se declare inconstitucional la decisión del CD de Andalgalá -aprobada en marzo- de convocar a un referéndum en el departamento para que los andalgalenses se expresen por el sí o no a la minería a cielo abierto.

Hasta ahora, los jueces hicieron lugar a una cautelar que ordenaba suspender la realización de ese plebiscito pero no resolvieron la cuestión de fondo.

El escrito presentado por el CEDHA procura aportar elementos de juicio específicos y que la Corte los pueda tener en cuenta a la hora de resolver entre ellos el impacto ambiental, social y de derechos humanos de la actividad minera a cielo abierto, y a proteger la competencia municipal para regular en materia ambiental, según el reparto de competencias establecido en la Constitución Nacional y de la Provincia de Catamarca.

Por su parte el dandy de Puerto Madero Juan Picolotti, asesor jurídico de la fundación y hermano de su presidenta, señaló que "la ordenanza de Andalgalá tiene como objetivo implícito preguntar a los ciudadanos si quieren tener en su municipio una actividad que tiene impacto ambiental significativo sobre los recursos naturales. En este sentido, la ordenanza es legal y legitima", opinó.