La misma expresa que reafirman su compromiso con el ambiente y un desarrollo económico responsable. Según la CAEM la minería en Argentina da trabajo a 300 mil familias y en los próximos cinco años esa cifra podría duplicarse. A su vez aclara que durante este año se invirtió unos 7000 millones y proyectan llegar a 32.500 millones de pesos que representan un 4% del producto bruto nacional. Para la CAEM el debate en el senado es supuesto ya que lo que se busca proteger ya está regulado.

La visión de las empresas es que el nuevo proyecto busca obstaculizar y prohibir el desarrollo generando pérdida de empleos impidiendo a las provincias el aprovechamiento de sus recursos naturales. 

Por su parte el presidente de la Cámara Minera de San Juan, Ricardo Martínez, aseguró que “mañana todo el sector productivo nacional se manifestará contra la ley de glaciares que tiene media sanción de diputados”.
 “Este proyecto avasalla la potestad del estado provincial de decidir sobre sus derechos naturales, tal cual lo dice el artículo 124 de la constitución nacional”, aseguró el titular de la Cámara de Minera de San Juan, Ricardo Martínez, en relación con el proyecto de protección de glaciares firmado entre otros por los senadores nacionales Bonasso y Filmus.

“La provincia ya ha legislado al respecto, y lo ha hecho en base a la legislación federal existente. Esta es la posición del sector minero: a todos nos gustaría tener una ley de glaciares, pero de presupuestos mínimos como lo dice la constitución”, declaró.

“Un glaciar, legalmente, no es más que un cuerpo de agua congelado, y eso le corresponde al estado provincial”, aseveró. “La nación excede la ley de presupuestos mínimos, y toma una decisión abusiva, absurda, rayana en la falencia técnica”, agregó.

Durante este fin de semana en Tinogasta, Catamarca, los ambientalistas rodearon un hotel donde se alojaban empresarios mineros. Andalgalá, Santa María, Belén, y otras localidades también se movilizaron en estos días.

Todo indica que en esta semana podría tratarse en el senado nacional la ley de glaciares y área periglaciar.
Los últimos informes indican un avance del lobby minero que se expresa en la decisión del poder ejecutivo de plantear modificaciones al proyecto que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados.
“Al senador Filmus  -nos advierten legisladores de la cámara alta- se le habría sublevado la tropa” y su promesa de “ratificar lo resuelto en diputados”, se desvanece.  Todo esto en el marco anunciando por la presidente de que esta vez “no vetaría la ley, cualquiera sea la remitida por el Congreso” (diputado Rossi).  Por su parte las Asambleas nucleadas en la UAC iniciaron una campaña donde se oponen a cualquier enmienda. Para la agrupación Conciencia Solidaria “ un grupo de senadores parece estar del lado de Barrick Gold y otras empresas contaminantes que intentan, por todos los medios, dar de baja el proyecto.

Los glaciares son puntos estratégicos que proveen el agua a las localidades.

En 2008, la Presidenta Cristina Kirchner vetó una ley de protección de glaciares que  creaba un sistema de monitoreo de impactos ambientales y penalizaba a quien contaminara. El veto pronto fue calificado como de interés de la empresa canadiense Barrick Gold que intenta construir una mina invirtiendo más de 2 mil millones de dólares en medio de los picos nevados de los Andes, entre Argentina y Chile.