Mientras el gobierno levanta su apuesta con el monitoreo y la citación al estrado judicial, ayer comenzaron las concentraciones de la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú con corte de ruta.
Para algunos la convocatoria fue masiva pero para otros se trató de un número inferior a las anteriores convocatorias. Para los asambleístas la palabra clave es la terminación del conflicto y denuncian que el acuerdo alcanzado entre Cristina Fernández y José Mujica "es insuficiente".
La estrategia del gobierno es la misma que aplica a cualquier conflicto indicando expresamente no cortar el canal de diálogo, evitar ir al choque con las fuerzas de seguridad y esperar el comienzo del monitoreo.
Los asambleístas de Gualeguaychú tras el final de la tregua por 60 días que terminó con el corte permanente de la ruta 136, vieron una presencia de Gendarmería intimidatoria que incluyó un helicóptero que presumen que además filmaban.

Al respecto, Gilda Veronesi comentó a un medio local que se trata de “una represión total. Me siento mal; me hace recordar a mis épocas de estudiante en los años 75 y 76, en Buenos Aires y en el interior del país. Me da mucho miedo y no entiendo porqué las autoridades que gobiernan nuestro país hablan mucho de Derechos Humanos y nosotros estamos con miedo dentro de una movilización que es para defender el bien común, el medio ambiente y nos creemos con la verdad de decirle al mundo que no queremos empresas contaminantes”.

Para el Gobierno el problema real sería que vuelva el corte de manera permanente.
Parte de la receta oficial es la judicialización iniciado por el procurador del Tesoro, Joaquín da Rocha, autor de la presentación en contra de los ambientalistas ante el juez subrogante de Concepción del Uruguay, Gustavo Pimentel, quién aportó más pruebas.

Otro punto es que el ingreso a una planta como Botnia no asegura demasiado ya que la complejidad de la misma lleva meses para ser analizada en profundidad. A su vez los asambleístas habían manifestado su rechazo y sus críticas a Timerman, que, según denunciaron, les había prometido mayor participación.

La proclama leída por la asambleísta Paola Robles, detalló y remarcó todos los puntos que fueron expresamente pedido a los representantes de los gobiernos argentino y uruguayo y que hasta el momento no han sido cumplidos de forma satisfactoria.
Los reclamos incluyen la aplicación del Código Aduanero y el control de los camiones  que transitan por ruta 14 y de los buques que navegan por el Río Uruguay con sustancias peligrosas desde y hacia el puerto ilegal de BOTNIA-UPM.

Casi como si se tratara del Riachuelo otro pedido se refiere a la difusión masiva e intensa en el sistema oficial de información pública de todas las pruebas presentadas ante La Haya que ya demuestran la contaminación de Botnia, permitiendo a los integrantes de los equipos técnicos de las Universidades de Buenos Aires y La Plata que difundan todo lo argumentado y presentado, ante la opinión pública y ante toda la comunidad científica; como así también que se reconozca y publiquen las conclusiones científicas del grupo técnico argentino sobre la contaminación probada de Botnia-UPM en el ecosistema del Río Uruguay.