En Santa Fe el socialismo, la soja y el sexo parecen construir un nuevo capítulo de la especie. Todos prefieren la soja. Para la provincia no es nada anormal que se fumiguen hasta los autos que pasan por las rutas ya que todo lo que es verde debe cultivarse y eso incluye a las necesarias banquinas.  Mientras en el Senado de la provincia de Santa Fe discute un proyecto de ley (que ya cuenta con media sanción de Diputados) que limita la fumigación de cultivos linderos a zonas habitadas o de tránsito, gran parte de las banquinas son utilizadas para sembrar soja, al igual que los terrenos adyacentes a los centros urbanos. Esto implica la aspersión de agrotóxicos mientras los vehículos circulan por las rutas. La consecuencia en muchos casos es que los viajeros son rociados con agroquímicos por unidades terrestres o aviones de pulverización.

Esto acarrea la exposición a los agrotóxicos de los habitantes de pueblos de la cuenca sojera y quienes transitan sus rutas, ante una nueva campaña de siembra, sin que las autoridades tomen medidas tendientes a proteger la salud humana. 

La frontera agropecuaria en Santa Fe avanzó sobre los montes nativos, invadió áreas dedicadas a otras producciones —como la ganadería, el tambo, la horticultura y la apicultura— y también se extendió sobre las miles de hectáreas ubicadas a los costados de las vías de comunicación.

Además, la utilización de banquinas para la siembra implica la destrucción de un espacio reservado a contener la biodiversidad desplazada por el constante avance del monocultivo de soja.

Estas circunstancias se repiten también en terrenos aledaños a las vías de ferrocarril, ya sea por la siembra de soja o la aplicación de plaguicidas de parte de las empresas concesionarias de los ramales, que reducen costo de desmalezado a través de la utilización de agroquímicos para mantener limpio el tendido férreo.

Una modalidad que se extendió en los últimos años fue la de “beneficiar” las arcas de comunas o instituciones deportivas, educativas o sociales, que resuelven sus dificultades económicas ocupándose de sembrar esos espacios para gozar de las pingües ganancias que deja la comercialización de la oleaginosa.

Este modo de “sociabilizar” la soja a través de un fin aparentemente noble, contrasta con la posición de los vecinos que se preguntan qué derecho tiene una comuna o un particular de utilizar un espacio público para desarrollar una actividad que pone en peligro la salud humana y avasalla sus derechos, en forma directa de quienes son alcanzados por los agrotóxicos e indirecta al dañar irreparablemente al medio ambiente.