A partir de la publicación en el Boletín Oficial, quedó ayer promulgada la ley nacional 26.639 de protección de glaciares, sancionada el último 20 de septiembre por el Congreso.

Tal vez la ley tenga en la historia ser una de las más reñidas en largas discusiones, idas y vueltas, acuerdos y desacuerdos expresados por las empresas mineras petroleras y gobiernos provinciales.

Luego de la reñida votación en el Senado, ayer quedó promulgada de hecho, al ser publicada en el Boletín Oficial, la ley de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares.

La ley declara los glaciares como "bienes de carácter público" y apunta a garantizar su protección de "reservas estratégicas de recursos hídricos". La norma deja expresamente prohibido las actividades que puedan afectar la condición natural, como la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza.

Tampoco se pueden emprender obras de arquitectura, con excepción de las necesarias para la investigación científica, y la instalación de industrias o el desarrollo de obras o actividades industriales.

La ley crea el Inventario Nacional de Glaciares, en el que se deberán registrar todas las reservas hídricas existentes en el territorio nacional, con toda la información necesaria para su adecuada protección.