Aunque la jueza Arroyo Salgado estudia ordenar el cese de obras, el Ejecutivo provincial se dedica a analizar el impacto ambiental y parece que no cree que deba intervenir. El multimillonario proyecto de Colony Park es un aropello al carísimo ecosistema pero el motor está en los más de 270 millones de dólares que producirán sólo por venta de terrenos. Pero le pesan graves querellas por daño ecológico y usurpación ante la Justicia Federal. La gestión de juntá el aceite usado no parece sostenerse en la amplitud de proyectos pero en particular algunos tienen un soporte en el tiempo. Mientras la constructora Colony Park avanza en el denunciado proyecto millonario de "La Isla" en el Delta, la fiscal Rita Molina le envió a fines de agosto un pedido formal a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado para que ordene el cese de las obras de la isla-country de ubicación privilegiada, porque estudios ambientales de la Provincia detectaron allí un gravísimo daño ecológico. 

A su vez los cargos presentados por los isleños son por  "usurpación", "daños por estrago" y grave daño ecológico contra Colony Park. La cuestión es grave si se tiene en cuenta que este proyecto  modificó el ecosistema, la geomorfología de la flora y fauna autóctonas, así como se observó  la elevación del terreno, lo que transformaría a la isla en un "tapón" ante las crecidas fluviales.

Por esos informes, la OPDS no le otorgó a Colony Park la Declaración de Impacto Ambiental necesaria para seguir adelante con las obras, pero igual continuaron  sin que el organismo actuara. Sólo la municipalidad de Tigre labró actas de paralización de obra y de contravención.