Usted haga una cuenta simple. Compre un litro de agua para beber y multiplique ese litro y ese precio por el caudal de agua contaminado. Aún sin pensar en la remediación, los resultados nunca darán las sumas que se aplican en medioambiente. Hoy en Argentina cualquier persona puede tener una pena mayor en términos económicos por un choque que por contaminar un río. Los $4000 mil a Bibiloni o el embargo de $ 100000, son una humorada. El gerente de la planta de Pacará Pintado, Mario Delfor Criado, apelará el procesamiento en su contra -sin prisión preventiva- dispuesto por el juez federal subrogante Mario Racedo. Sin embargo el exiguo monto del embargo que pesa sobre el empresario procesado por la Justicia Federal, apunta a un modo en el que la justicia valora el ambiente impactado. 

Los escasos $ 100.000 del embargo dispuesto sobre los bienes por presunta contaminación que genera el centro de disposición final de los residuos al cauce del río Salí, no se contraponen con los $ 4000 mil diarios que se le impuso a Homero Bibiloni por incumplimientos en el Riachuelo. La criminalidad en el ambiente pareciera seguir la idea del recurso infinito y favorecer la contaminación especialmente en lo que se refiere a cursos de agua. A Criado se le imputó la supuesta violación al artículo 55 de la Ley 24.051, de Residuos Peligrosos, que impone penas de entre tres y 10 años de prisión a quien "utilizando los residuos envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general".

A Bibiloni por incumplimientos en el plan de ejecución del ACUMAR en la cuenca Matanza Riachuelo. La interpretación de los jueces y la tolerancia es bastante peculiar. Mientras los recursos son cada vez más escasos y condenan a miles de personas a convivir con la contaminación que produce el peculio de unos pocos o la desidia, hay otro actor que tampoco genera soluciones. En este sentido los ejecutivos parecen moverse al ritmo de la tolerancia. Salí Dulce, Riachuelo, Sarandí, Reconquista y podría seguir una interminable lista, son usados como plantas de tratamiento naturales con la pasividad absoluta de las autoridades.

La falta de control además pareciera asumir un costado más riesgoso que es el de la coima. En este sentido la excarcelación del inspector del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible es una muestra que termina convenciendo que no hay pena para el entramado de complicidades.

Incluso no basta que los Tribunales Superiores de Justicia intervengan por medio de dictámenes. Casos como el del Riachuelo y el de Corrientes con los Esteros del Iberá, son por demás elocuentes. Evidentemente que la sociedad espera que al menos los procesos judiciales sean más rápidos, efectivos y que se concreten. Mientras esto no ocurra es más fácil delinquir que invertir en no contaminar.