La Defensoría del Pueblo de la Nación solicitó a la Secretaría de Ambiente de la Nación acciones para que se eviten nuevos impactos ambientales por el desarrollo de la competencia. La misma exhorta que las medidas se tomen tanto en ambos países. La solicitud de intervención por el posible daño ambiental, a la calidad de vida y sistemas naturales, que podría derivarse de la realización del, se ha vuelto a convertir en una pieza clave del Rally Dakar Argentina-Chile 2011.  

En la recomendación emitida, se solicita a la máxima autoridad ambiental que exija el estudio de Impacto Ambiental Integral e interjuridiccional, en cumplimiento de los Presupuesto Mínimos de Protección Ambiental Obligatorios, para la edición 2011 de la competencia como para los futuros eventos.

Asimismo, el Defensor del Pueblo de la Nación se dirigió a las máximas autoridades ambientales de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja y San Juan y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exhortarlas al estricto cumplimiento de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y para que se garantice la remediación de los daños producidos por la competencia.

La denuncia recibida en la Defensoría nacional consigna que durante el desarrollo de este rally en los años 2009 y 2010 "vehículos de gran porte atravesaron zonas de vegetación natural, arena y rocas así como áreas de valor arqueológico, en lugares donde no existen caminos o los que hay no son adecuados para este tipo de vehículos. Los daños al patrimonio natural y cultural, incluyendo las economías rurales de bajo desarrollo, no han sido debidamente evaluados".

Durante la investigación, solicitados informes a la Secretaría de Ambiente de la Nación, al COFEMA, a la Secretaría de Turismo de la Nación, y a las diversas provincias por donde atravesó la competencia; de allí surgió la inexistencia de una evaluación de impacto ambiental adecuada a los distintos riesgos que pueden suscitar a las cuencas hídricas interjuridiccionales, agua subeterránea, ecosistemas interprovinciales, patrimonio histórico e impactos fuera de las fronteras del país.