| De la reparación histórica a la patada en el upite |
 |
 |
 |
| Escrito por Redacción |
| Miércoles, 29 de Diciembre de 2010 10:25 |
|
La causa por el saneamiento del Riachuelo, fue para Homero Bibiloni un cadalso. Logró que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación considerara inadecuado el informe de la Acumar y lo intimó a realizar una nueva presentación en tres días. Para colmo de males el Tribunal esclareció que ese escrito no cumplía con las precisiones exigidas. Y además fueron intimados el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. Esto ocurrió tras el informe presentado por la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) sobre el estado de los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008.En el fallo del 6 de abril, la Corte había determinado que la ACUMAR y los estados mencionados, en forma conjunta y mediante una presentación única, debían presentar “un informe circunstanciado sobre el íntegro y fiel cumplimiento llevado a cabo de todos los mandatos impuestos en la sentencia del 8 de julio de 2008”. La decisión judicial planteó que en ese trabajo se “deberían señalar separadamente para cada uno de los objetivos y resultados establecidos, en forma sinóptica, con rigurosa precisión y mediante la utilización de pautas cuantitativas, el grado en que habían alcanzado –al 31 de marzo de 2010- cada uno de los objetivos y resultados que integraron el programa de ejecución obligatoria impuesta en el fallo”. Bibiloni ya rumbeaba el escándalo de ser el primer funcionario multado por la justicia. Paradojas del destino para quien había defendido a 14 municipios del Gran Buenos Aires que tienen responsabilidad en el desastre ambiental de la cuenca del Matanza Riachuelo. Ante la Justicia, Bibiloni había argumentado que pese a habilitar basurales y empresas contaminantes, no debían hacerse cargo económicamente a los distritos. Por la gauchada el estudio de Bibiloni recibió la suma de 500 mil pesos. El Riachuelo fue el tema que, al menos públicamente, marcó la salida de Romina Picolotti y todos saben que como anticipamos sería de la Bibiloni. La respuesta de Bibiloni a la Corte cuando se consustanciaba la causa atacaba directamente a las ONG que prestan hasta hoy asesoramiento y respaldo legal. “En esta causa, donde se juegan los intereses de nada menos que casi 5 millones de habitantes, algunos vecinos y seis organizaciones reconocidas por la Corte como terceros interesados (FARN, la Fundación Cels, Greenpeace, la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos y la Asociación de Vecinos de La Boca) pretenderían arrogarse la representatividad de todas y cada una de estas 5 millones de personas”, señalaba el escrito. Para el ex la cosa fue distinta a lo observado por el Juez Armella y por la propia Corte. “Estamos impulsado acciones útiles y verificables en el territorio y beneficiando a organizaciones de base y no a consultoras de consultoras que hacen consultorías para organizar talleres de sensibilización a pobres de toda pobreza, que ya están lo suficientemente sensibilizados por sufrir las consecuencias del deterioro ambiental”, enfatizaba Bibiloni. Incluso en algún momento pareció ver su presente y él junto con los integrantes del COFEMA se preocuparon por la judicialización del ambiente. Todo bajo el paraguas protector de Scioli preocupado por la suerte de sus intendentes. El problema eran las mandas del juzgado Quilmeño: “Sin perjuicio de recaer sobre el nombrado (por Bibiloni) la obligación principal de poner en funcionamiento un proyecto de tal magnitud, éste incluye y exige la colaboración mancomunada de los diferentes agentes responsables del saneamiento -Estado Nacional, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, dentro de la cual se hallan incluidos los 14 Municipios que integran la Cuenca Hídrica-, y sus órganos centralizados y descentralizados”. Y prosigue “Idéntica sanción recaerá sobre los funcionarios involucrados en orden a las responsabilidades que les correspondiere por mandatos específicos y determinados por el incumplimiento de las ordenes judiciales que a partir de esta sentencia se dictan, lo cual, en definitiva, los hará pasibles de soportar con sus propios patrimonios el pago de una multa diaria por cada día de incumplimiento…..” Incluso para el juez Luis Armella, los créditos internacionales merecieron un pedido de informe. Pero si hay que calificar la gestión bástale recorte de palabras de las mandas acerca de los informes presentados por la Acumar. Armella dijo “insuficiente colaboración o ausencia de acciones idóneas para la correcta prosecución de la presente ejecución de sentencia. A su vez la calificó de “actitud desaprensiva y carente de compromiso por parte de los funcionarios involucrados en el saneamiento de la cuenca hídrica por mandatos específicos y determinados importando ello un menoscabo injusto en los derechos de los particulares”. |
