Organizaciones ambientalistas reclaman la plena aplicación de la Ley de Glaciares. Con los plazos ya vencidos el nuevo Secretario de Ambiente de la Nación Juan José Mussi debiera intervenir en varios frentes que su antecesor dejó caer uno tras otro. Para ejemplificar la situación el plazo de 60 días para la plena aplicación de la Ley de Glaciares ya venció sin que se diera un solo paso. El artículo 15 de la ley instituye “un plazo máximo de 60 días a partir de la sanción” de la norma para que el IANIGLA – a cargo de la realización del Inventario Nacional de Glaciares- presente a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación “un cronograma para la ejecución del inventario, el cual deberá comenzar de manera inmediata por aquellas zonas en las que, por la existencia de actividades contempladas en el artículo 6º, se consideren prioritarias”.

Este plazo comenzó a regir el 30 de septiembre de 2010. Luego de realizado el cronograma, deberá realizarse, en esas zonas, “el inventario definido en el artículo 3° en un plazo no mayor de 180 días”.

Siete organizaciones no gubernamentales expresaron preocupación en torno a la implementación de la “Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial” (Ley Nacional 26.639). Ante la existencia de tres medidas cautelares dictadas por el Juez Federal de San Juan, Dr. Miguel Ángel Gálvez, que suspenden la aplicación de la Ley 26.639 en esa provincia, solicitan a las autoridades a actuar en defensa de la norma, teniendo en cuenta que la misma persigue la tutela de un derecho humano básico y colectivo como es el derecho al agua.

Para las organizaciones “La medida judicial adoptada desconoce a la Constitución así como la interpretación armónica e integral que debe darse a sus cláusulas, entre ellas a los artículos 41 (cláusula ambiental) y 124 (dominio originario de los recursos naturales). Para las organizaciones existe una seria deficiencia en la resolución judicial de la causa, en la medida en que la misma no responde a la interpretación mencionada, como tampoco de la Ley General del Ambiente, haciendo además caso omiso de la jurisprudencia del máximo tribunal de la Nación en causas de gran trascendencia pública. Otra de las deudas del Poder Ejecutivo Nacional es la reglamentación de la Ley
26.639 se no ha efectivizado la misma dentro de los 90 días de su publicación en el
Boletín Oficial, tal como lo establece su artículo 17; plazo que comenzó a regir desde el 28 de octubre de 2010. Por otra parte existe una presión por parte de empresas y algunos gobiernos provinciales para generar dudas sobre la aplicabilidad de esta norma.