Los diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI Juan Carlos Morán, Fernanda Reyes y Héctor “Toti” Flores, junto al concejal de La Matanza Edgardo Lobos,  anunciaron que hoy presentarán una demanda judicial para frenar y recomponer la contaminación del basural de residuos tóxicos que la empresa multinacional Eternit tiene en la localidad de González Catán y que afecta la cuenca del Riachuelo.

La acción judicial, contra Eternit S.A. y la Autoridad de Cuenca Matanza – Riachuelo (ACUMAR), tiene por objeto lograr “la recomposición del predio, la realización de un estudio epidemiológico y la inmediata asistencia médica y sanitaria a los vecinos afectados por la contaminación del basural”. Quedará radicada en el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del juez Luis Armella, que lleva adelante la ejecución de la sentencia de la Corte Suprema que ordena el saneamiento del Riachuelo.

 “La presentación apunta a que ACUMAR y la empresa Eternit se hagan cargo de la contaminación que está generando el basural entre los vecinos de la zona. Los incumplimientos en el saneamiento de la Cuenca Matanza – Riachuelo, ordenados por la Corte Suprema en 2008, son una demostración más de la falta de política ambiental de este gobierno.  Lo mismo ocurre con la ley de Bosques (el año pasado sólo se ejecutó el 17 por ciento del presupuesto asignado para su aplicación) y con la ley de protección de glaciares, que todavía no fue reglamentada”, sostuvo Reyes, en la conferencia de prensa de ayer a la tarde en el salón Cabezas, junto a las diputadas Alicia Terada, Fernanda Gil Lozano, Elisa Carca, Susana García y Elsa Quiróz.    

Según la denuncia basada en una investigación del concejal Lobos, el basural contiene residuos de asbestos (amianto), una sustancia cancerígena prohibida desde 2003.  “Este basural  es cancerígeno y mortal. El gobierno de la Provincia de Buenos Aires le dio libertad a Eternit para enterrar sus residuos peligrosos, sin controles ni medidas de seguridad, en 1998. El basural está dispuesto a cielo abierto, incumpliendo las normas de seguridad básicas, las distancias mínimas con los centros urbanos y los  tratamientos requeridos para residuos peligrosos. Hay barrios del Plan Federal de Viviendas construidos a 500 metros del predio”,  sostuvo el concejal Lobos.