Las consideraciones económicas ante las responsabilidades en ambiente son lo que son. Mientras que el juez Armella puso una multa al ex secretario de ambiente de nación de 4.000 pesos la empresa Chevron tendrá que pagar  8.000 millones de dólares, condenada por contaminar la Amazonia. El tribunal ha condenado a la petrolera estadounidense Chevron a pagar esas suma como compensación por contaminar un recurso.La Argentina más modesta suspende la cifra de 4000 pesos y la lleva a dos mil en una semana. Las diferencias son notables. Por un lado se trata de la foresta, por el otro del agua contaminada por orgánicos y metales pesados. Para Chevron un castigo para las cunetas de Armella un chiste. Es la culminación de un proceso judicial que ha durado casi veinte años y en el que las comunidades indígenas agrupadas en el Frente de Defensa de la Amazonia reclamaban que la empresa hiciese frente a sus responsabilidades por los vertidos masivos de residuos tóxicos en los años setenta y ochenta.

La empresa fue negligente cuando explotaba campos de petróleo en la Amazonia Ecuatoriana, causando graves daños al medio ambiente y a la propia población. A este proceso se le denomina en Ecuador el “juicio del siglo” y sienta un importante precedente, una razón por la cual está siendo seguido muy de cerca por el resto de la industria petrolera.

La empresa responsable de los vertidos fue Texaco, comprada por Chevron hace diez años, y es ésta la que ahora afronta la responsabilidad. La sentencia reconoce la contaminación “intencional e ilegal” de la selva de Ecuador por parte de Chevron y considera probado que liberó “miles de millones de galones de residuos tóxicos en la selva y el suministro de agua”. Además, y como la empresa no tiene actualmente activos que pudieran ser incautados en Ecuador, se abre la puerta a iniciar procesos en terceros países para poder cobrar esa indemnización.

Por supuesto, la petrolera niega la validez de la sentencia, a la que califica de ilegítima, acusando al tribunal de no ser imparcial. También afirma que la sentencia es inaplicable porque es contraria a un reciente dictamen de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (al que la empresa recurrió para salvaguardar sus intereses acusando a Ecuador de violar el tratado bilateral de inversiones).

Las empresas creen que en un futuro cercano se apliquen unas normas de derecho que les obliguen a asumir sus responsabilidades, en lugar de un marco jurídico como el actual, que favorece a las compañías multinacionales frente a terceros países y sus poblaciones. Todo bastante lejos de la parsimonia del juez que establece multas ridículas.