La semana pasada el eje de los medios pasó por el acampe de Greenpeace en torno al reclamo de poner el foco en la Barrick como responsable en la presión que ejerce a los efectos de que no se reglamente la Ley de Glaciares. Sin embargo el martes 22  pasado  el rechazo al  Proyecto San Jorge de una minera canadiense que tiene la intención de instalarse montañas de Uspallata en Mendoza, terminó con un escándalo de proporciones como parte de las resistencias populares a los modelos extractivos.  El gobernador Jaque no prestó atención al mandato de la Audiencia Pública que en Uspallata le había dicho NO a la minera en un porcentaje de casi un 80 %. Pero además aprobó la Declaración de Impacto Ambiental y la había mandado a la Legislatura para su aprobación definitiva. La desconfianza trajo como consecuencia la lo toma de la Legislatura.  

Alrededor de 4.000 personas al llegar a los Tribunales Provinciales se detuvo para entregar una nota a los jueces de esa dependencia, y entraron masivamente al Palacio para expresar su rechazo, pero se encontraron con una fuerte custodia policial y un vallado de contención. Esta situación produjo un enfrentamiento y finalmente los manifestantes tomaron el recinto.

Un militante de la Asamblea de San Carlos dijo que esa Casa de las Leyes era la casa del pueblo, y donde deberían votarse las leyes que beneficien al pueblo. Y a continuación puso a consideración de la gente: "Levanten la mano los que rechazan la instalación de San Jorge en Mendoza, los que rechazan la instalación de la megaminería contaminante en todo el territorio provincial.

Por fuera de la Legislatura los carteles ponían en claro que el gobernador Jaque y otros funcionarios son considerados como traidores acompañados del gobernador de San Juan Gioja con Barrick. La situación dejó a los legisladores que sesionaron al día siguiente en dos claras posiciones. Por un lado los que fustigaron a los manifestantes y los que criticaron al  vicegobernador Cristian Racconto; y otros funcionarios.  Para Naman legisladora del ARI la manifestación fue infiltrada por elementos que aprovecharon el descontento de quienes no quieren el proyecto San Jorge.

La presidente provisional del Senado, Miriam Gallardo (PJ) dijo que "los que teníamos que estar acá éramos nosotros. No ellos".
El senador Miguel Serralta (PJ), dijo que "vi violencia de gente que conozco y que no conozco. No fue un día democrático. Quisieron amedrentarnos".

En este mismo sentido fueron los senadores Daniel Vílchez (UCR) e Ignacio Ortigala (PJ). Este último fustigó a Racconto y preguntó: "¿Qué va a hacer el vicegobernador para preservar nuestra integridad?". Luego sentenció que hubo gente que "usó a quienes creen firmemente en la defensa del ambiente y el agua".

Al gobernador Jaque le explota una batalla impensada. En este sentido el antecedente de Cobos cuando tuvo que volver atrás en el 2006 con sus promociones a proyectos mineros. La exploración propuesta por la Minera San Jorge, cuando apenas llegó, se basó en la utilización de cianuro para extraer el mineral. Con la sanción de la ley 7722 y la prohibición de esa sustancia en la provincia, la empresa decidió evaluar la utilización de otra técnica y llegó a la conclusión de que aún así era rentable quedarse. Parece que no alcanzan las promesas y en la legislatura las palabras quedarán grabadas.